Así propone Bruselas reformar el mercado eléctrico

Bruselas ha presentado este martes su propuesta de reforma del mercado eléctrico seis meses después de la la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, lo anunciara. A grandes rasgos los cambios son mínimos --el planteamiento se limita a reducir las barreras de los contratos a largo plazo de energía-- y esboza algunas medidas para aumentar las ofertas de contratación del suministro de los consumidores. El planteamiento está mucho más alineado con la 'no reforma' de Alemania y otros siete países, así como de la patronal eléctrica europea Eurelectric, que abogaban por apenas realizar cambios de calado; que con la propuesta española de intervenir el precio de las centrales nucleares e hidráulicas para evitar los 'beneficios caídos del cielo' de estas tecnologías y rebajar, así, la factura de los clientes.

Pese a esto, el Gobierno español parece ver el vaso medio lleno al acoger "con satisfacción" una propuesta comunitaria que "se inspira" y recoge "buena parte de las soluciones propuestas por España", según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. El cambio de tono coincide con que el país ostentará la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, seis meses clave para la negociación entre los Veintisiete, con el objetivo de aprobar un texto antes de las elecciones del Parlamento Europeo a mediados de 2024. La patronal de Iberdrola, Endesa y EDP (Aelec), por su parte, también valora "positivamente" la propuesta y subraya que "no incluye medidas de intervención estructurales ni de carácter retroactivo". Estas son algunas de las claves de la reforma.

¿Qué propone Bruselas?

La Comisión Europea aboga fundamentalmente por fomentar los contratos a largo plazo de energía, pero sin apenas regular nada. Lo hace a través del fomento de los contratos bilaterales entre generador de energía y consumidor (lo que se denomina en la jerga energética como PPA, por las siglas en inglés de Power Purchase Agreement) al proponer ayudas públicas para avalar estos contratos o que los desarrolladores que participen en licitaciones públicas (subastas) puedan reservar una parte para la venta a través de PPA. Curiosamente, España es el país que más de contratos de este tipo tiene, y según fuentes del sector, la mayoría se producen entre empresas verticalmente integradas (comercializadora y generadora del mismo grupo) sobre las que se desconoce si trasladan o no los precios a los clientes.

También plantea el establecimiento de precios regulados a través de subastas (lo que se llama Contratos por diferencias) pero limitados a las nuevas inversiones de renovables (algo que ya se hace en España) y nucleares, así como para repotenciar las existentes, lo que da apoyo a la extensión de la vida útil de esta tecnología en el futuro.

"No incorpora nada nuevo que los Estados Miembros no puedan hacer ahora", resume la Catedrática en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III y una de las artífices de la propuesta española, Natalia Fabra. España abogaba por poner precios regulados para nucleares e hidráulicas existentes, para cortar los beneficios extraordinarios de estas tecnologías y favorecer a los consumidores, algo que la Comisión Europea pasa por alto pese a reconocer que estas tecnologías han registrado "constantemente ingresos altos". "No podemos consentir que la hidráulica pueda ser retribuida a 200 euros por megavatio-hora cuando su coste es de 20 euros por MWh, es un recurso público y tienen recuperadas sus inversiones. Que la Comisión consienta eso es un escándalo", añade Fabra.

¿Se mantiene entonces el sistema marginalista?

Sí. En septiembre del año pasado, pocos días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunciara que Bruselas pondría en marcha una reforma del mercado eléctrico, la presidenta del operador español OMIE, Carmen Becerril, enmendaba al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrel, cuando este celebraba en un acto que "el sistema (marginalista) de fijación de precios" había llegado a su fin. "El mercado eléctrico tiene que evolucionar, pero señor comisario me va a permitir hacer una apuesta a que el marginalismo seguirá después del modelo de reforma planteado por la Comisión Europea", dijo entonces Becerril. El tiempo le ha dado la razón: La propuesta de la Comisión Europea mantiene ese diseño y, además, ese es prácticamente el único punto en el que hay consenso absoluto en Europa al considerar que es la mejor manera de tener una referencia de precios objetiva. "El diseño de los mercados intradía sigue siendo el más eficaz de cara a asegurar que las tecnologías más baratas son las que primero se usan para producir electricidad y garantizar que habrá comercio entre los estados miembros", ha afirmado durante la presentación de su propuesta la comisaria de energía, Kadri Simson.

Aboga por crear mercados de capacidad, pero sin cambiar las normas actuales

Otra de las cuestiones que aborda la Comisión Europea, pero a medias, es la creación de un mercado de capacidad que retribuya la disponibilidad, así como nuevos esquemas para optimizar la flexibilidad de las energías renovables como mecanismos de respuesta a la demanda (reducir el consumo a cambio de un precio en las horas de más consumo) y el almacenamiento. Bruselas alienta a los países a diseñar mecanismos de capacidad pero dentro del régimen existente, en el que se plantea este mecanismo como una herramienta de último recurso muy difícil de utilizar en la práctica.

Estas son dos de las cuestiones defendidas por el Gobierno español que pedía modificar la directiva del mercado interior para estandarizar y generalizar estos servicios, que también defienden las grandes compañías eléctricas. "Consideramos que lo más eficiente es que todos los recursos que puedan aportar firmeza o flexibilidad, incluyendo la respuesta de la demanda y el almacenamiento, se integren en los mercados de energía y en los mecanismos de capacidad, en lugar de establecer mecanismos separados y no armonizados que puedan discriminar entre distintas tecnologías o recursos", destaca la patronal de las grandes eléctricas Aelec, en un comunicado. La comisaria europea ha defendido hacer hecho un "esfuerzo ingente" para considerar todas las preocupaciones y ha encomiado a los países a utilizar la negociación para realizar cambios. "Con esta propuesta el Consejo puede presentar enmiendas que se ocupen de estas cuestiones nacionales más allá de lo cubierto por nuestra propuesta", ha añadido Simson.

Más peso para los consumidores

Los consumidores ganan cierta autonomía. La Comisión Europea establece la obligación para las compañías eléctricas a ofrecer tarifas a precio fijo, así como el derecho de los usuarios a tener varias ofertas dentro de un mismo contrato para aprovechar la volatilidad de los precios diarios en los momentos en los que la electricidad está más barata (por la noche) para recargar el coche eléctrico. En España todas las compañías eléctricas ofrecen ya tarifas a precio fijo e, incluso, desde junio de 2021 se permite tener dos potencias distintas.

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También se establece el derecho de los consumidores a compartir el excedente de energía con sus vecinos sin necesidad de crear comunidades energéticas, lo que podría fomentar el autoconsumo, así como a fomentar el peso de los consumidores en la gestión con mecanismos de reducción de la demanda una vez tengan instalados contadores inteligentes, aunque para eso tendrán que generalizarse estos aparatos.

¿Evitaría esta reforma una nueva crisis de precios?

Parece difícil. “La reforma planteada no va a dar una respuesta firme a la crisis de precios de la electricidad que venimos sufriendo desde el verano de 2021”, ha subrayado el eurodiputado socialista, Nicolás González Casares. La cuestión es que no cambia nada respecto a lo que hay actualmente, más allá de establecer como medida excepcional si se da una circunstancia de precios altos como la de los últimos meses se puedan establecer precios regulados para los hogares. "Si el precio llega a los 500 euros y se pone un límite de 100 euros, alguien tiene que pagar la diferencia. Eso es un déficit de tarifa y no es la solución al problema. La Comisión Europea no debería consentir que las empresas eléctricas obtengan rentabilidades no justificadas a costa de los europeos", insiste la catedrática de economía Natalia Fabra, que reconoce que si el precio de la luz bajase una vez entrase en vigor esta reforma sería "por razones exógenas". "No por medidas contenidas en la propuesta. Estamos expuestos a que se repita la historia de los últimos años", alerta.