Las aerolíneas exigen al Gobierno acelerar al máximo la privatización de las torres de control

El Gobierno prepara un nuevo impulso a la liberalización de la gestión de las torres de control aéreo que se inició en 2010. El Ministerio de Transportes ha abierto una consulta pública para la privatización de las torres de siete grandes aeropuertos españoles (Tenerife Sur, Tenerife Norte, Málaga, Gran Canaria, Bilbao, Santiago y Palma de Mallorca) en la mayor operación de este tipo en más de una década.

El proceso de privatización ha sido criticado con dureza por organizaciones sindicales y por algunos partidos políticos. ERC, Bildu y BNG presentaron la pasada semana una proposición no de ley en el Congreso para frenar la operación, que al final fue enmendada y acordada con el PSOE para suavizarla y dejarla en una petición al Gobierno de que revise la orden ministerial que prepara para activar el proceso.

Desde el Ministerio de Transportes se resta importancia a esa proposición transaccional pactada entre socialistas y los tres partidos nacionalistas, y se apunta que ya se está revisando esa futura orden ministerial en sus términos y en su alcance, y que por eso mismo ha decidido abrir un proceso de consulta pública al que no está obligado.

Frente a las presiones para frenar la privatización, las aerolíneas se lanzan a meter presión en sentido contrario y para defender abiertamente la operación. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la patronal que agrupa a Iberia, Ryanair, easyJet o Air Europa entre otra sesentena de compañías que operan en el mercado español, reclama al Gobierno no sólo que no paralice el proceso, sino que incluso lo acelere al máximo para hacerlo efectivo cuanto antes.

“Es imprescindible que se comience este nuevo proceso a la mayor brevedad posible, ya que no será hasta 2025 o incluso 2026 cuando se culmine”, indica ALA en las alegaciones presentadas en el marco de la consulta pública abierta por el Ministerio comandado por Raquel Sánchez. “La experiencia de la primera tanda liberalizadora es que esta transición es un proceso complejo y que lleva su tiempo”. De hecho, desde que se licitaron en 2011 los servicios de control aéreo (ATC) de de doce aeropuertos, no fue hasta dos años después, en 2013, cuando los nuevos operadores privados comenzaron a operarlas.

La patronal de las aerolíneas, que prefiere hablar de “liberalización” y no de “privatización”, defiende que la anterior experiencia en la cesión de la gestión a operadores privados mejoró la eficiencia del servicio y ha facilitado la congelación desde 2015 de las tasas aéreas y una contención del precio de los billetes de avión al tiempo que se aumentaba la oferta de vuelos en España.

Con datos de cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), ALA subraya que el coste del servicio de tránsito en los aeropuertos bajó un 60% entre 2012 y 2017 en los que tenían las torres privatizadas, mientras en que los aeródromos cuyo control aéreo ha seguido operando la estatal Enaire descendió sólo un 15% en el mismo periodo.

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La patronal de las aerolíneas también defiende introducir los cambios legales necesarios para permitir que Enaire pueda presentarse también a los concursos para adjudicar la gestión de torres de control y, además, para liberalizar no sólo el control aéreo (ATC), sino también los servicios de tránsito aéreo (ATS), cuya privatización actualmente está vetada por ley.

Aena, el gestor de los aeropuertos españoles, también mostró tajantemente su respaldo hace unas semanas al nuevo proceso de privatización y subrayó su impacto en el ahorro de costes para las aerolíneas y también para los pasajeros. Aena no es el encargado de realizar esas labores de control aéreo, pero está muy directamente afectado por estos movimientos al ser el usuario que por razones obvias más intensamente se sirve de esas labores (también indirectamente, porque es el grupo público Enaire, su mayor accionista con el 51% del capital, el encargado del control aéreo).