Tres aspectos que Hacienda vigilará este año para hacer aflorar los ingresos "ocultos"

La Agencia Tributaria intensificará este año la vigilancia sobre algunos sectores de autónomos y pequeñas empresas de los que entiende que existen ingresos no declarados con el fin de evadir el pago de impuestos como IVA, IRPF o Sociedades, objetivo recogido en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2023, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes.

Economía sumergida

La economía sumergida lleva tiempo en el punto de mira de toda la administración en general, pero de Hacienda en particular. Además, despierta recelos en todos aquellos que sí cumplen con el fisco y que ven que otros hacen una suerte de competencia desleal al no tener que soportar estas cargas. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, denuncia que la economía sumergida en España supone el 24% sobre el Producto Interior Bruto, frente al 13% de la media de la Unión Europea.

Como cada año, el plan de control tributario se divide en distintas actuaciones que desarrolla el cuerpo de inspectores a lo largo del ejercicio para vigilar que los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales. De entre estos ejes, uno de los que más afecta a los autónomos -tanto persona física como societarios- es el tercero, bajo el nombre de control de la "ocultación de actividades empresariales o profesionales y uso abusivo de sociedades".

La Agencia Tributaria intensificará este año su lucha contra la ocultación de ingresos e impago de impuestos aumentando la vigilancia de los negocios en base a estos tres aspectos: no tener medios de pago bancario -datáfono- en la empresa (o exigir el abono en metálico), trabajar directamente con el consumidor final o tener indicios externos de riqueza o de rentas altas que no se corresponden con los ingresos que se están declarando.

Sólo en efectivo hace sospechar

No admitir pagos por medios bancarios es uno de los principales aspectos que tienen en cuenta los inspectores para incluir un negocio en el plan de actuación. Ingresar todo en efectivo convierte una empresa en susceptible de incluirse en el plan de comprobación para verificar si declara todo lo que ingresa.

Consumidor final

Las inspecciones fiscales, además, se centrarán más en aquellos contribuyentes cuyas rentas se obtengan de entrega de bienes o prestaciones de servicios directamente realizados al consumidor final, puesto que se incrementan los riesgos y la falta de control en cuanto a las formas de pago.

Incoherencia en lo declarado

Por otro lado, el Plan de control tributario también tendrá en cuenta a los contribuyentes "cuyos signos externos de riqueza, de patrimonio, de rentabilidad o información financiera sean incoherentes o inconsistentes con respecto a las rentas declaradas". Cuantas más discrepancias aparezcan en la declaración de un contribuyente, más posibilidades tendrá de ser llamado.

Otra de las principales novedades de las directrices contenidas en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2023 afecta directamente a los autónomos. A partir de este año, Hacienda incluirá el historial de incumplimientos de los trabajadores por cuenta propia como un criterio relevante a tener en cuenta en determinados tipos de conductas. Especialmente, “en aquellos casos de presentación de autoliquidaciones sin ingresos fuera de plazo, que no ocasionan perjuicio económico a la Administración tributaria”, se explica en el BOE.+

Gestha cree que el Plan de Control Tributario "debilita" la lucha contra delitos fiscales

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Por su lado, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha alertado de que las Directrices del Plan Anual de Control Tributario de 2023, publicadas este lunes en el BOE, "debilitan" la lucha contra los delitos fiscales, al no contemplar la recuperación de las competencias de los técnicos en esta materia. Los Técnicos de Hacienda han recordado a través de un comunicado que perdieron el control sobre los expedientes en los casos de "especial dificultad sobrevenida" a partir de 1999, es decir, dejaron de ser competentes cuando descubren una simulación, conflicto, fraude de ley o delito fiscal, a pesar de haberlos descubierto.

"Esa pérdida de competencias que venían desarrollando hizo que las denuncias a la Fiscalía por presuntos delitos contra la Hacienda pública cayeran año tras año hasta la fecha", han explicado desde Gestha. Asimismo, el sindicato lamenta que las directrices del Control tributario de la Agencia Tributaria omitan que la Ley de prevención del fraude de 2021 obliga a estimar la economía sumergida en España y a aumentar las plantillas a la media de las administraciones tributarias europeas, lo que requeriría un aumento de unas 20.000 personas en trabajos relacionados con el control tributario.