Por qué incluir los contratos fijos de luz y gas en el IPC puede ser un tiro en el pie en plena reforma de los mercados energéticos europeos

El dato adelantado de IPC del mes de enero ha traído varias novedades metodológicas de gran relevancia. Por un lado, siguiendo las recomendaciones de Eurostat, se ha adoptado un cambio de ponderaciones en los productos que forman parte de la ‘cesta de la compra’ siguiendo su peso en la Contabilidad Nacional frente a lo que marcaba la Encuesta de Presupuestos Familiares. Por ejemplo, esto ha provocado que el peso que tienen los alimentos y bebidas no alcohólicas sobre el total del gasto familiar pase del 22,6% en 2022 al 19,6% en 2023. O el caso de la vivienda, del 14,2% al 12,7%.

Pero, por otro lado, más allá de una cuestión de gran importancia como es homogeneizar todas las series históricas (de lo contrario, estaríamos comparando ‘peras’ con ‘manzanas’), un elemento fundamental es la inclusión de los precios a los que se fijan los contratos de electricidad y gas pactados entre las comercializadoras y los clientes en el mercado libre. Para ello ha sido necesario extraer y elaborar datos de calidad a partir de la información que reciben las compañías distribuidoras (las propietarias de los cables y tubos por donde pasa la electricidad y gas que consumen los hogares y empresas), tarea nada sencilla y que suponen una alteración relevante en el dato de enero.

Ésta era una reivindicación por parte de muchos economistas que observaban posibles sesgos en el cálculo de la tasa de inflación, ya que en los últimos dos años, el porcentaje de consumidores que están en mercado libre ha crecido hasta alcanzar el 68,65%, mientras que los consumidores en tarifa regulada (el precio voluntario del pequeño consumidor, PVPC) ha bajado de los nueve millones (8,77 millones) en agosto, según el último informe de supervisión publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por tanto, su inclusión con las garantías estadísticas convenientes enriquece el cálculo del IPC y añade información valiosa.

Tensión en los mercados

Sin embargo, su inclusión en el momento actual podría generar algunos efectos no buscados sobre la tan esperada senda de control de la inflación. La reforma que se está planteando de los mercados energéticos a nivel europeo puede empezar a generar tensiones en los precios de los contratos a futuro que hoy se están pactando, la cual se irá poniendo en precio en los próximos meses conforme avance el proceso de consulta pública de la Comisión.

Específicamente, el impacto probable sobre los precios de los contratos fijos vendrá con propuestas como la española, la cual pretende hacer ‘tabla rasa’ con el actual funcionamiento de los precios de la energía estableciendo un sistema de compra estatal ‘voluntaria’ a un precio fijo para las renovables, nuclear e hidráulica que impide recuperar los costes de inversión. Esto supone un desincentivo a la inversión en grandes instalaciones renovables, las cuales requieren de un contrato de venta a largo plazo de la electricidad generada (PPA) muy superior a los 30€/MWh que establece la propuesta española.

Por tanto, tener en cuenta el precio de estos contratos (especialmente los de electricidad, ya que de gas la inmensa mayoría de los consumidores están en la TUR), podría contribuir de manera positiva al crecimiento del índice general de precios. Sólo en caso de que, de manera temprana, el proyecto español no sea considerado por la Comisión Europea y prime la necesidad de que los precios se fijen de manera libre en un mercado abierto, con liquidez y contratación a largo plazo, no tendrá un impacto significativo sobre los precios.

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A la espera de más novedades al respecto, este primer dato de IPC incluyendo esta tipología de contratos ha ayudado a rebajar unas décimas la tasa de inflación de enero, dado que los precios de los contratos a precio fijo a plazo han tenido un comportamiento bajista durante el mes de enero y, en la mayor parte de los casos, bajando desde el mes de septiembre. Según los datos de OMIP, al cierre de la sesión del 30 de enero, el contrato de electricidad a febrero pasó de cotizar a 300€ al final de agosto a 116,83€ al cierre de ayer. En el caso del contrato a 2024, en el mismo período pasó de 204€ a 118,67€ y, por último, el contrato PPA firmado para 2024 y vigencia de 10 años (a 2033) en enero ha pasado de cotizar a 64,33€ frente al último precio de 62,14€.

En suma, enfrentándonos a otro proceso de inseguridad jurídica en el horizonte y un proceso de control de la inflación nada sencillo, es necesario un seguimiento cuidadoso tanto de los precios como de los volúmenes de negociación en los mercados cotizados. Precisamente, la transparencia y objetividad de los mercados de energía organizados es un valor que no debe perderse, y que si se impone una compra pública centralizada de energía, se verá seriamente cuestionada.