GRAVAMEN DEL GOBIERNO

La Autoridad Bancaria Europea descarta que el 'impuesto' a los bancos les reste capital

José Manuel Campa apunta a que sí tendrá un impacto negativo en los beneficios de las entidades y en su capacidad para aumentar la solvencia

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Casino Gran Círculo, a 23 de ene

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Casino Gran Círculo, a 23 de ene

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El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), el español José Manuel Campa, ha descartado este lunes que el 'impuesto' a la banca impulsado por el Gobierno vaya a provocar que baje el capital total del sector, pero sí ha resaltado que el gravamen penalizará sus resultados y por tanto su capacidad de aumentar dicho capital. "No creo que tenga un impacto neto en la solvencia de la industria", ha asegurado antes de matizar que "es menos dinero que se queda en la industria y menos posibilidades de obtener solvencia". 

El gravamen (en realidad una prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria, para evitar problemas legales) contará el 4,8% del margen de intereses (diferencia entre lo cobrado por el crédito y lo pagado por los depósitos) más las comisiones de los bancos con más de 800 millones de ingresos en 2019, con lo que el Gobierno calcula que podría recaudar unos 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024. Al gravarse los ingresos, la cifra final de beneficio será menor, con lo que las entidades tendrán menos excedente para reforzar su solvencia.

Sin embargo, el efecto positivo de las subidas de tipos en los ingresos de los bancos y las menores provisiones para afrontar pérdidas tras el esfuerzo extraordinario de los años de la pandemia más que compensará el "impacto negativo" del gravamen. Así lo ha venido a apuntar Campa, al subrayar que el gravamen ha entrado en vigor en un "entorno de mejora de la rentabilidad durante los próximos años". Asimismo, el alto funcionario europeo, ha reconocido la legitimidad del Parlamento español para aprobarlo. 

Campa se ha pronunciado de esta forma durante su intervención en un acto de Nueva Europa Fórum en presencia de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien le ha presentado. Una vez finalizado el evento, la número dos del Ejecutivo ha defendido que los recientes datos que apuntan a un aumento de los banqueros españoles que cobran más de un millón de euros demuestra que las entidades tienen beneficios extraordinarios y por tanto "margen suficiente" para abonar el gravamen sin repercutirlo a sus clientes, como prohíbe la ley que lo aprobó.

La EBA, precisamente, publicó la semana pasada su informe anual sobre las remuneraciones millonarias en la banca europea. En dicho estudio se recogía que el número de banqueros que cobran más de un millón en España pasó de 128 en 2020 a 221 en 2021, un 73% más y el 16% del total europeo. Dicho colectivo se embolsó 478 millones de euros en total, con una media por persona de 2,16 millones, la más alta del continente. Campa, en este sentido, ha matizado los datos: "¿Alguien se preguntaría si en California hay muchos actores que ganan mucho? Hay que tener en cuenta los 'hubs' internacionales que hay en España (en referencia a los centros corporativos del Santander y el BBVA) y no hay en otros países". 

Impuesto a los que cobran más de un millón

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha indicado este lunes que el hecho de que varios banqueros españoles cobren más de un millón de euros al año pone de manifiesto que está "claro" que es "preciso" establecer un impuesto sobre los beneficios extraordinarios del sector bancario, según recoge la agencia Europa Press.

Calviño, que asistió el desayuno informativo del presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha afirmado que está "claro" que el sector bancario tiene "margen suficiente" para que dicho impuesto temporal no se repercuta en una subida de los costes para los ciudadanos.

"La evidencia es clara y no entiendo cómo el PP no apoyó este gravamen. Espero que mañana convalide y apoye el decreto de medidas de diciembre (para controlar la inflación, como la rebaja del IVA de los alimentos), que son necesarias para el crecimiento económico", ha reiterado.

Por otro lado, la ministra ha recordado que el Gobierno aprobó en diciembre el decreto de medidas para controlar la inflación, que incluye la rebaja del IVA de los alimentos, y ha señalado que hay que ver cuál será el impacto de dichas medidas, aunque ha confiado en que se produzca "lo antes posible" una rebaja del precio de la alimentación.

Finalmente, sobre la subida del SMI, Calviño ha apuntado que el grupo de expertos ha puesto sobre la mesa una horquilla y ha deseado que los agentes sociales puedan llegar a un acuerdo que "oriente" al Gobierno en la toma de decisiones. La ministra se ha mostrado partidaria de encontrar una subida que permita seguir con el proceso "positivo" de creación de empleo y recuperar al mismo tiempo la capacidad adquisitiva de los salarios.

Impuesto inconstitucional

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), junto con un equipo de catedráticos de Derecho Tributario y Hacienda Pública, han denunciado de forma unánime la inconstitucionalidad del Impuesto Temporal de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas tanto por motivos de forma como de fondos, según recoge la agencia Europa Press.

El 'think tank' de la patronal CEOE ha presentado este lunes un informe, en el que un grupo de expertos configurado por catedráticos de Derecho Tributario y profesionales del sector han realizado un estudio sobre el impuesto temporal a grandes fortunas aprobado por el Ejecutivo y convalidado por las Cortes Generales a finales del año pasado.

Con el nuevo tributo se pretende gravar a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales.

Este gravamen, que entró en vigor en 2022 para recaudar ya desde este año, será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

Además, para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros.

En el informe se detallan serios reparos al llamado 'Impuesto de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas', a la luz de la Constitución española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, "que pueden suponer la futura declaración de inconstitucionalidad del mismo".

UNA "RAREZA" DENTRO DE LOS PAÍSES DE LA OCDE

Como contexto, los autores del informe apuntan a que los impuestos sobre el patrimonio son "inexistentes" en la Unión Europea y una "rareza" dentro de los países de la OCDE.

Como ejemplo, los expertos han explicado que en Alemania se estimó que este tipo de impuestos contraía la actividad en un 5% del PIB, con la consiguiente reducción de los ingresos tributarios totales muy por encima de la recaudación que aporta. "Igualmente, en Francia y en Suecia se suprimió dicho impuesto porque comprobaron que era pernicioso para la economía", han señalado.

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En el informe se aconseja que el incremento de la recaudación tributaria se base en el crecimiento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico y en la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre los contribuyentes.

"Las subidas de impuestos buscando la recaudación a corto plazo, sin una suficiente evaluación previa de sus efectos, se apartan del diseño de un sistema fiscal óptimo, que favorezca el crecimiento económico y sitúan a nuestro país en una situación de menor competitividad internacional", han alertado.