Extremadura: ¿potencia o colonia fotovoltaica?

"El motor fotovoltaico de España". Así definía la consejera de Transición Ecológica, Olga García, a la región de Extremadura durante la presentación de los últimos datos de Red Eléctrica Española. A 31 de diciembre de 2022, Extremadura disponía de un total de 5.165 megavatios de potencia solar fotovoltaica puestos en servicio. "De facto, ya hemos superado los 5.836", aseguraba García, quien añadía que uno de cada tres nuevos megavatios en España se han instalado en la región, lo que la ha colocado, afirma, "en un puesto de relevancia en el panorama nacional". 

La potencia fotovoltaica de Extremadura ha experimentado un crecimiento del 33% interanual. Hay 186 plantas solares instaladas en 93 municipios, que ocupan un total de 14.492 hectáreas. Una realidad que va más allá de los datos: solo hace falta recorrer la región para ver cómo cada vez son más visibles grandes extensiones de placas. Un ‘mar’ negro azulado que va tiñendo el campo. Y es este uno de los sectores en el que la sensación de "invasión" inquieta: "Empezamos a estar muy preocupados porque teniendo tantísimo terreno infértil se debería prohibir que estas plantas se pusieran en tierras fértiles. Pero lo vemos todo los días en el DOE: no hay ninguna limitación", dice Luis Cortés, secretario general de La Unión Extremadura. Cortés expone la proliferación de campos solares en comarcas como las Vegas del Guadiana y del Tajo o en Tierra de Barros: "En nuestra región hay mucho terreno seco, pedregoso, sin aprovechamiento agrícola. El problema es que a día de hoy se está dando más importancia a la energía que a la alimentación, porque todavía no hay desabastecimiento. Cuando no tengamos cultivos ni animales, el día que eso se note, ya será tarde. Tenemos que ser muy cuidadosos con la política alimentaria", asegura.

A los agricultores también les rechina la rapidez con la que estas instalaciones se montan teniendo en cuenta la cantidad de trámites necesarios para gestionar sus tierras: "Yo quiero poner una explotación de gallinas ecológica extensiva y todo son pegas. Una multinacional viene y en quince o veinte días ya tiene todos los papeles para poner 700 hectáreas de paneles", deplora Cortés.

Habla, además, de "competencia desleal": "En una tierra fértil de secano estas empresas vienen pagando entre 400 y 500 euros por hectárea al año y en regadío por encima de los 1.000 euros. Los pequeños y medianos agricultores no podemos competir con esas cifras para arrendar tierras".

«La mayoría de las plantas se instalan en terrenos de grandes propietarios. Por ejemplo en Medina de las Torres hay tres proyectos y están todos en la misma finca. Sabemos que muchas de estas personas no viven en la región ni siquiera", corrobora Carlos Garrón, de Ecologistas en Acción en Extremadura.

La organización es partidaria del uso de la energía solar pero critica el modo en el que se está implementando aquí: "La energía solar es buena, pero en manos de las grandes empresas es disparatada. Se convierte en una burbuja y en un negocio especulativo", lamenta. "Una burbuja por la que ha apostado la Junta y que esperábamos que el Ministerio o la Unión Europea pincharan pero con la situación actual de guerra en Ucrania y crisis del petróleo han decidido tirar para adelante", añade.

Dinero  

García afirma que estas plantas se instalan "respetando los procedimientos ambientales (…) en armonía con el territorio e impulsando el desarrollo sostenible". La consejera pone de relieve que el desarrollo de estos proyectos conllevó en 2022 una inversión superior a los 900 millones de euros y la creación de 1.029 empleos directos, a los que se suman las más de 4.600 personas que ocupa el sector del suministro de la energía eléctrica. Además, la construcción de estas plantas generó unos 5.000 puestos de trabajo, según los datos de la Junta.

"No están generando el impacto económico positivo ni poblacional que deberían", afirma por el contrario Julián Mora Aliseda, profesor de Geografía en la Universidad de Extremadura, que se basa en los datos de población: "Lo que observamos es que en los municipios donde hay este tipo de instalaciones la realidad no dista de otros próximos que no las tienen: están en tendencia regresiva, con envejecimiento y cada vez menor número de habitantes. Ni siquiera las cabeceras comarcales están creciendo", apunta.

"Los territorios quedan en manos de grandes empresas, con lo que cada vez es más difícil la supervivencia del pequeño y mediano agricultor. Hablamos mucho de despoblación, pues esa es la base de muchos pueblos, la agricultura y la ganadería. Ahí están sus ‘oficinas’, ahí viven y ahí pagan todos los impuestos", incide Garrón.

De acuerdo a las cifras que maneja Cortés, en una hectárea de secano se pierden 1.500 euros de jornales y en una de regadío hasta 11.000: "Con esas tierras sin trabajar, estamos perdiendo entre dos y 25 jornales, según el cultivo", asegura.

"Cada uno compite por su rentabilidad. Cualquier agricultor que tiene una extensión amplia de terreno se va a beneficiar de esa rentabilidad a 30 o 40 años", dice por su parte Aliseda.

En la misma línea habla Vicente Sánchez, presidente del Cluster de la Energía de Extremadura: "Si tú vives en Badajoz, no te dedicas al campo, y tienes 200 hectáreas de pastoreo que puedes rentabilizar así, lo haces", dice. "Estás recibiendo una renta de diez veces lo que vale la finca en 30 o 40 años", añade.

Las reglas

Pero tanto Aliseda como Sánchez apuestan por que se pongan condiciones a estas instalaciones para que beneficien económicamente a la región.

El profesor de la UEx expone que este tipo de instalaciones requieren de una mano de obra intensiva durante su construcción pero, una vez en funcionamiento, requieren menos empleo incluso que las actividades tradicionales: "Queda un empleo raquítico porque están tecnológicamente preparadas para su vigilancia y si hay que hacer reparaciones también es algo muy tecnificado. Así que, en resumen, los beneficiarios son los arrendadores, los Ayuntamientos --por el IBI-- y el reducido empleo". Aliseda incide en que él es favorable a estas instalaciones, pero pide que se establezcan "unas reglas del juego": "Hay dos puntos: que radiquen y coticen en la región, porque de lo contrario estamos en una situación colonial, y que haya mecanismos para facilitar su asentamiento aquí, donde se produce la energía. Eso sí sería verde y sostenible", señala. "Tenemos un enorme territorio pero debemos saber cómo sacarle beneficio", insiste.

De la misma opinión es Sánchez: "Que haya un beneficio social en la zona es el modelo a seguir. Aparte de los impuestos, en las subastas se va a empezar a puntuar que haya un ‘Social Plan’ (’plan social’). No puede venir alguien a hacer una planta sin que haya beneficio para los pueblos. Están ocupando espacio y tienen que aportar algo. Si no montan una fábrica que dé empleo, deben hablar con los Ayuntamientos para saber lo que quieren e invertir y hacer algo paralelo. Hay que exigir una serie de inversiones en esas comarcas, ya que no se refleja en un ahorro de la tarifa, crear ‘hubs’ tecnológicos, sacarle rendimiento", defiende. Sánchez reconoce que se han instalado placas "de manera masiva y más que vendrán en el futuro": "Pero no debe ser motivo de alarma. Con los 20 a 25 mil megavatios proyectados hasta 2030 no se ocupará ni el 1% del territorio extremeño". 

Comparte esa visión Aliseda: "Extremadura tiene una extensión enorme, de 41.600 km², así que lo que ocupan no es tanto".

De acuerdo a los datos aportados por la consejera de Transición Ecológica, en este momento las plantas fotovoltaicas emplean el 0,6% del terreno regional.

Autoconsumo

En el otro lado de la balanza, Garrón señala cómo cada vez es más habitual ver el paisaje teñido de negro: "Aquí no tenemos una Gran Vía, pero podemos salir a pasear al campo. Y ahora te encuentras eso, el impacto visual hay que tenerlo en cuenta". Los ecologistas también denuncian que estos complejos fragmentan el hábitat de numerosas especies y han presentado alegaciones contra las "tretas legales" que, dicen, se han dado en numerosos proyectos: afirman que distintos proyectos se han presentado divididos para que fueran menores de 50 megavatios cada parte y así ser revisados por la Junta de Extremadura en lugar de por el Ministerio de Medio Ambiente: "Estamos en un boom y nos hemos visto desbordados. Esto avanza muy deprisa y no damos para estar luchando en tantos frentes", reconoce Garrón.

Desde Ecologistas en Acción insisten en que el mejor uso de la energía solar es desde el autoconsumo: "Estamos en un modelo diseñado para las grandes compañías, para que sigan exportando energía, y no para el ciudadano. Las ayudas para las instalaciones en las casas van con retraso. Hemos pedido también que haya plantas para que los Ayuntamientos puedan autoabastecerse. No hay una planificación ni un debate claro, por mucho que diga la consejera. La Junta está empecinada", denuncia.

Una falta de escucha que también señala Cortés: "El año pasado reclamamos a la Consejería que haya una normativa para que se limiten estas instalaciones en terrenos fértiles, como se ha hecho por ejemplo en Cataluña, pero cayeron en saco roto", asegura.

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El autoconsumo es también la principal apuesta del Cluster de la Energía, aunque sea favorable a estas grandes instalaciones: "Lo primero que tenemos que ver es qué queremos ser, luego se puede tardar 30, 40 o 50 años. Necesitamos una visión a largo plazo, no ir dando bandazos", dice Sánchez. 

Y lo que quiere ser Extremadura es un referente en energía solar. El cómo y el para qué --o para quién-- son las cuestiones que siguen abiertas.