APUNTE
Autovías y elecciones
El Gobierno está negociando con Bruselas retrasar el pago por uso en carreteras de alta capacidad más allá de la fecha comprometida de 2024
La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez
El argumento de la crisis energética le ha venido al Gobierno como anillo al dedo para defender ante la Comisión Europea la conveniencia de retrasar la introducción de un sistema de pago por uso de las autovías más allá de la fecha prevista de 2024.
Implantar un sistema de pago por uso en las autovías es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el Plan de Recuperación para acceder a los 140.000 millones de euros en fondos europeos asignados a España. Para negociar con Bruselas el retraso de esta medida, el Gobierno aduce que el actual contexto de crisis energética y de inflación no es el más adecuado para introducir una medida de este tipo. Seguramente es así. Pero en el fondo, lo que pesa es la dificultad del Gobierno para negociar con comunidades, grupos políticos y sectores sociales una medida impopular en vísperas de las elecciones autonómicas, municipales y generales que se irán encadenando este año.
Noticias relacionadasEl Plan de Recuperación incluía el compromiso de someter a consulta pública entre julio 2020 y enero de 2021 un borrador de ley de movilidad y financiación del transporte que, entre otras cuestiones, debería incorporar una fórmula de pago por uso con la que financiar el costoso mantenimiento de las autovías. El plan incluía que el Consejo de Ministros aprobara el texto en una primera lectura durante el primer semestre de 2021 con el horizonte de una aprobación definitiva en el Congreso en la segunda mitad de 2023. Ninguno de los plazos iniciales se ha cumplido hasta ahora, sin o con crisis energética. Y, llegados a este punto, el Gobierno se ve incapaz de negociar tan impopular medida en puertas de unas elecciones en las que se juega tanto.
El Gobierno incorporará el retraso de esta reforma en la adenda al Plan de Recuperación que prevé presentar próximamente. Si Bruselas lo acepta, la patata caliente pasará al próximo Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones generales que, en principio, se prevén para finales de año.
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