RECIBO DE LA LUZ

Los recortes del Gobierno forzarán a las eléctricas a devolver 800 millones

  • El Ejecutivo impuso el año pasado un precio máximo de venta de la electricidad producida con nuclear, renovables e hidroeléctrica y las compañías tienen que entregar los ingresos por encima del límite

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Democrático, Teresa Ribera, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de noviembre de 2022, en Madrid (España).

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Democrático, Teresa Ribera, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de noviembre de 2022, en Madrid (España).

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El Gobierno puso en marcha a finales del año pasado un sistema de control de los beneficios extraordinarios de las eléctricas para evitar que aprovecharan las subidas de precios provocada por la crisis energética para disparar sus ingresos de forma abusiva.

El objetivo era impedir que las compañías energéticas vendieran la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables a los precios desorbitados del mercado mayorista, que se disparaba por el precio del gas natural y de los derechos de CO2, que son costes que estas tecnologías no soportan.

El mecanismo activado por el Gobierno, que ha acabado siendo revisado y modificado en varias ocasiones desde entonces, obliga a nucleares, hidráulicas y renovables a devolver los ingresos extraordinarios obtenidos con los contratos firmados por encima de un precio máximo marcado de 67 euros por megavatio hora (MWh) que, según los cálculos del Gobierno, era la barrera entre aprovecharse de manera injustificada de la crisis y no hacerlo.

El Ejecutivo activó de precio tope a finales de octubre del año pasado, ha estado en marcha todo este año y ha prorrogado su vigencia hasta finales de 2023 para contener el precio de la electricidad. La suma de las cantidades que las compañías ya han tenido que devolver por ingresos excesivos desde el año pasado, de las estimaciones que maneja el sector eléctrico para lo que queda de este año y de la previsión del Gobierno para el próximo ejercicio anticipa que las eléctricas van a devolver en torno a 800 millones de euros por los recortes.

Desde que se activara este sistema de recortes, las compañías eléctricas han tenido que devolver ya algo más de 400 millones de euros por tener contratos firmados por encima del precio máximo de la electricidad fijado por el Gobierno, según los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA correspondientes a los ajustes de ingresos realizados desde septiembre de 2021 y hasta septiembre de 2022.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), encargada de hacer las liquidaciones de costes y gastos del sector, desveló que entre septiembre y diciembre del año pasado las minoraciones de los ingresos alcanzaron los 131,8 millones de euros, pero desde entonces no ha hecho público el impacto de los recortes para los grupos energéticos.

Este año las compañías han seguido devolviendo ingresos extra al sistema eléctrico hasta alcanzar los 270 millones entre enero y septiembre, según confirman fuentes del sector eléctrico conocedoras de las liquidaciones formalizadas hasta ahora. Las previsiones del sector energético es que las devoluciones escalarán hasta los 350 millones de euros en el conjunto de 2022, mientras que el Ejecutivo augura que se situará en el entorno de los 330 millones para este año.

Las estimaciones del Gobierno para 2023 es que las eléctricas devuelvan al sistema eléctrico otros 330 millones de euros adicionales, según se recoge el proyecto de orden ministerial de cargos del sistema eléctrico para el próximo año que ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, para someterla a consulta pública.

Choque eléctricas-Gobierno

El Gobierno activó en septiembre de 2021 el sistema que obligaba a nucleares, hidroeléctricas y a parte de las renovables a devolver los ingresos extraordinarios. Posteriormente, el Ejecutivo aprovechó el macrodecreto de marzo de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania para revisar el sistema de minoración de los ingresos extra y ampliarlo a todos contratos que se firmen a precios altos (por encima de 67 euros por MWh).

Y también creó un sistema de vigilancia especial para las grandes eléctricas para asegurarse de que no se están ocultando los conocidos como “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) a lo largo de la cadena de contratos entre empresas del mismo grupo para acabar trasladando los precios inflados al cliente final.

Las compañías eléctricas niegan la existencia de esos beneficios extra y subrayan que tienen toda su producción vendida en contratos bilaterales a precios muy inferiores a los del mercado mayorista. Las empresas subrayan que Bruselas propone poner un precio máximo a la venta de electricidad de estas tecnologías de 180 euros por MWh, casi el triple del tope fijado por el Gobierno español.

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Desde el sector eléctrico se subraya, además, que precisamente la devolución de sólo 400 millones de euros durante el último año demuestra que las compañías no se benefician de los precios del mercado mayorista, dado que la primera previsión del Gobierno era recaudar con este mecanismo 2.600 millones de euros en seis meses (una estimación que se estableció con el primer sistema de recortes, y que el Gobierno no actualizó con los cambios regulatorios posteriores).

Desde el Gobierno, en cambio, se contrapone que el sistema de minoración de los ingresos está sirviendo para que las compañías contengan sus precios, ya que está permitiendo que las eléctricas firmen todos sus nuevos contratos y sus actualizaciones como máximo por esos 67 euros por MWh para evitar esa devolución de los ingresos extra.