El Gobierno alargará dos años más el blindaje de las empresas estratégicas

Nueva prórroga al blindaje a las empresas consideradas estratégicas. El Gobierno alargará durante dos años más blindaje de compañías como Telefónica, Repsol o Naturgy frente a posibles ofertas de compra hostiles o adquisiciones significativas de capital por parte de inversores de otros países. Esta medida, conocida como el 'escudo antiopa' que se acordó durante la pandemia, se alargó ya hace unos meses hasta el próximo 31 de diciembre y ahora se volverá a prorrogar.

El Ejecutivo ha decidido incluir esta medida en el paquete de iniciativas ligadas con paliar los efectos de la guerra en Ucrania a través de un real decreto, según ha adelantado 'El País' y han confirmado fuentes oficiales. La intención es que se apruebe antes de acabar el año y, en concreto, la última semana del año cuando se ratifique el decreto ley que incluirá también las ayudas para el abono de la factura de la luz por parte de las familias y el descuento a los carburantes.

Con esta medida, que inicialmente afectaba solo a inversores extracomunitarios se extendió después a los de la Unión Europea (UE), el Gobierno se reserva autorizar (o no) cualquier operación de inversión extranjera de más de 500 millones o que supongan más del 10% del capital de la empresa española perteneciente a sectores estratégicos.

Una de las grandes operaciones que estuvo sujeta a la autorización del Gobierno fue la opa parcial del fondo australiano IFM sobre Naturgy, que pinchó con esa iniciativa, pero que ya cuenta con el 13,385% del capital. El Gobierno, a través de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha manifestado en contra de dividir en dos la compañía, tal como pretenden sus principales accionistas.

Es por ello que en la nueva normativa se va a incluir que el veto pueda aplicarse también, no solo a tomas de participaciones superiores al 10%, sino también al troceo de empresas, según publica 'El Confidencial'. La norma amplía además su radio de acción a las ventas de activos, que son unas operaciones muy frecuentes en el sector energético y en el de las infraestructuras.

A través de esta regulación se paralizó el aumento de participación de Vivendi en Prisa, la editora de 'El País', hasta el 29,9% del capital, desde el 9,7% que poseía. Otra compra que tuvo que pasar por este control fue la de Euskaltel por parte de MasMóvil.

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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se opuso a mantener este blindaje por considerar que limita la libertad de movimiento de capitales. La medida se creó en un primer instante para evitar que fondos oportunistas se aprovecharan de la caída de los precios en bolsa de compañías claves para el interés nacional a raíz de la pandemia, es decir, que pudieran hacerse con partes significativas del capital o con el control a precios de derribo.

En la primera regulación, el Gobierno incluyó como estratégicas "las infraestructuras críticas", incluidas las de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles; las tecnologías críticas y productos de doble uso, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear; las nanotecnologías y biotecnologías; así como el suministro de insumos fundamentales, en particular de energía, desde hidrocarburos a los referidos a materias primas, así como a la seguridad alimentaria; y sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información y medios de comunicación.