Nuevos impuestos a energéticas, banca y grandes fortunas: ¿a quién afectan?

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves los tres nuevos impuestos temporales sobre bancos, energéticas y patrimonios con los que el Gobierno pretende recaudar alrededor de 5.000 millones de euros en cada uno de los dos años en que estarán vigentes, 2023 y 2024 (10.000 millones en total).

Los nuevos impuestos sobre grandes bancos y energéticas y sobre patrimonios a partir de tres millones de euros han salido adelante con 186 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones. El texto ha resultado aprobado con los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, Coalición Canaria, BNG y otros diputados del Grupo Mixto, a pesar del rechazo de PP, Ciudadanos y Vox. Los diputados de PNV y PDeCat se han abstenido.

Los beneficios extraordinarios que estos sectores están obteniendo por la subida de tipos de interés y los precios disparados de las materias primas energéticas constituyen la principal razón que el Ejecutivo ha esgrimido para imponer estos nuevos gravámenes. Sin embargo, las tasas se aplicarán a los ingresos en lugar que a las ganancias, un punto que ha causado reticencia entre empresarios, políticos y economistas.

Ambos recargos son temporales y se aplicarán el próximo año y el siguiente. A finales de 2023, el Gobierno elaborará un informe provisional sobre el primer ejercicio de aplicación, y en el último trimestre de 2024 realizará un estudio para evaluar si convertir a los dos gravámenes en permanentes.

¿Qué gravan?

En los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones que estas obtengan en 2023 y 2024. Hacienda estima que recaudará unos 1.500 millones al año. Por su parte, a las energéticas se les aplicará un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios, con una expectativa de recaudación de 2.000 millones de euros anuales en el mismo periodo. La prestación nace el 1 de enero y se deberá satisfacer en los primeros veinte días naturales de septiembre del mismo año, habiendo también un pago a cuenta del 50% que se descontará de la liquidación definitiva. Ni el pago ni el anticipo serán deducibles del impuesto de sociedades. Tampoco se podrá repercutir su coste sobre los clientes. 

¿Qué empresas los pagarán?

No todas las empresas de los dos sectores estarán sujetas a los gravámenes. En el caso de eléctricas, gasistas y petroleras, deberán abonar la prestación solo aquellas consideradas operadores principales por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que en 2019 contaran con una cifra de negocios de al menos 1.000 millones. Queda excluido el negocio regulado y la facturación de sus negocios en otros países, y no se tendrá en cuenta en el importe neto de la cifra de negocios de los ingresos correspondientes al impuesto sobre hidrocarburos y otras figuras que se hayan pagado o soportado vía repercusión. En cuanto a la banca, el umbral —en este caso de intereses y comisiones cobradas— es de 800 millones, siempre tomando 2019 como referencia.

Doble función del impuesto a las grandes fortunas

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El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas tiene dos finalidades, alega el Gobierno: una recaudatoria, para sostener las medidas anticrisis, y otra armonizadora, para reducir la diferencia entre comunidades en el impuesto de patrimonio. Este último está cedido a las autonomías, y algunas de ellas lo tienen totalmente bonificado. Es el caso de Madrid y Andalucía, mientras que Galicia prevé una rebaja parcial. Con la nueva figura se les cobrará a los más ricos también en estos territorios; en las demás el impuesto sobre el patrimonio se podrá deducir del de solidaridad para evitar la doble imposición.

Este nuevo impuesto se exigirá a fortunas de más de tres millones de euros. Se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio neto del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha. El primer ejercicio que se pretende gravar es este 2022.