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El sector inmobiliario se rebela contra el tope del 2%: “Supone la privación del derecho de propiedad”

  • PSOE y Bildu han acordado alargar la prohibición de subir los alquileres por encima del 2% hasta diciembre de 2023

  • Esta medida surgió para mitigar el impacto de la inflación en el bolsillo de las familias

El sector inmobiliario se rebela contra el tope del 2%: “Supone la privación del derecho de propiedad”
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El Gobierno de España alargará el tope del 2% a subidas del alquiler hasta diciembre de 2023. El pacto entre el PSOE y EH Bildu prorroga esta medida creada para mitigar el impacto de la inflación en el bolsillo de las familias. El Ejecutivo la aprobará mediante su inclusión en el próximo Real Decreto Ley, que se llevará a cabo durante el mes de diciembre, según ha comunicado el partido vasco. Esta limitación lleva vigente en España desde el 29 de marzo de 2022, desvinculando los contratos al Índice de Precios al Consumo, al que normalmente se suelen referenciar.

El sector inmobiliario, especialmente aquellos que guardan relación con el alquiler, no han tardado en responder al Gobierno. La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler considera "inaceptable que se prorrogue una medida que supone la privación del derecho de propiedad a de más dos millones propietarios de vivienda en alquiler en España; y a los que no se ofrece ningún tipo de compensación, en contra de lo que prevé la Constitución Española". ASVAL opina que se está trasladando el problema social de la vivienda de la Administración a los privados Además, recuerda que inicialmente esta medida se contempló como "temporal y excepcional" y anticipa que habrá reclamaciones patrimoniales para el Estado.

La Agencia Negociadora del Alquiler recuerda al Consejo de Ministros que “si alguien quiere saber cuáles van a ser las consecuencias de esta medida en 2023, no tiene más que ver lo que ha sucedido este año desde que está en vigor esta limitación del 2%: subida de precios, menos oferta y más requisitos para los inquilinos para alquilar”. Esta compañía especializada pone sobre la mesa que los propietarios son los primeros interesados en poner fin a los contratos para firmar uno nuevo con el alquiler ajustado a mercado.

ANA considera que esta media es "pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que se puedan ahorrar los inquilinos debido a la limitación se equilibrará con la subida de rentas que van a aplicar los arrendadores a los nuevos arrendamientos para compensar la medida". Desde el portal inmobiliario Pisos.com añaden que "esta inestabilidad jurídica podría causar aún más caída de oferta de la disponible, un hecho especialmente grave en las grandes capitales, que es donde hay una demanda que tensiona el precio al alza y una oferta insuficiente donde el problema sería más grave".

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A este respecto, ASVAL añade que "los propietarios también sufren los rigores de la inflación y ven aumentar sus facturas por el incremento de precios, desincentivando la inversión en alquiler y desviando la oferta al sector de la venta". Pisos.com secundan esto y apuntan: "El propietario también sufre el aumento de precios y del coste de la energía".

Colaboración público-privada

Uno de los proyectos que se pueden ver comprometidos son los planes de colaboración público-privada. Varias Administraciones públicas como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tienen en marcha cesiones de suelos públicos para promover vivienda en alquiler asequible. Los adjudicatarios no podrán actualizar las rentas a IPC, en unos contratos cuya rentabilidad ya de por sí es muy ajustada. El Plan Vive de la Comunidad de Madrid ya está adjudicado de forma definitiva en su primera fase, pero la segunda está aún en licitación. Mismo caso para el del Ayuntamiento, pendiente de seleccionar a los finalistas.