FINANZAS

Las sicavs aceleran su disolución: solo quedarán las más grandes

Estos vehículos de inversión, que están acelerando su adiós, han pasado de manejar un volumen de 34.084 millones de euros en su punto álgido en 2015 a 20.200 millones a principios de octubre de 2022

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Sorral Inversiones, Sociedad Valenciana Tenedora de Valores, Holder Inversiones, Inpisa, la Alameda del Sol, Inversiones Veral… son solo algunos ejemplos de las sicavs, sociedades de inversión colectiva conocidas por canalizar la inversión de grandes fortunas, que en la última semana han enviado su acuerdo de disolución a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El aluvión de notificaciones se ha acelerado en el final de 2022 y cada día, al menos tres de ellas, informan de su voluntad de liquidarse.

Los cambios introducidos por el Gobierno dentro de la ley antifraude en 2021 han endurecido los criterios para las inversiones en este tipo de vehículos. A partir de ahora cada uno de los que participe en este instrumento tendrá que realizar una aportación mínima de 2.500 euros. Las mayores críticas que han cosechado las sicav, que nunca han tenido buena prensa y siempre se han asociado a una forma privilegiada de pagar pocos impuestos, es que no han llegado a ser realmente un instrumento colectivo. Por ese motivo, desde 2015 se han introducido una serie de modificaciones legales que poco a poco han desinflado la inversión en este tipo de vehículos.

Si a finales de 2021 estos productos alcanzaban una inversión cercana a los 29.247 millones de euros, existían 2.307 y 361.000 personas estaban detrás de ellos, a principios de octubre este volumen se había reducido hasta los 20.200 millones, según los datos que maneja Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva. En el punto álgido de la inversión en sicav, en 2015, el dinero que llegaron a representar estas inversiones alcanzó los 34.084 millones. El 31 de marzo de 2022 hasta 1.756 informaron de su decisión de darse de baja y 467 comunicaron que continuarían.

"La gran mayoría de estas empresas han entendido que los nuevos requisitos no son fáciles de cumplir y se han acogido a disolver la sociedad. La evolución negativa en los mercados financieros de este año ha incentivado que no haya prisa por ejecutar la decisión tomada, dejándolo para el último momento y por eso las notificaciones se están acelerando a final de año", señala Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de la del grupo de banca privada A&G.

La ventajosa fiscalidad de la que disfrutan estos vehículos se ha justificado históricamente por apoyar el ahorro colectivo. Este tipo de inversiones permite a los pequeños ahorradores acceder a carteras amplias y diversificadas (similares a las de los fondos de inversión) con posibilidad de influir en las decisiones, algo que no es posible en un fondo. Las plusvalías generadas por estos inversores tributan en base al IRPF, con tipos de entre el 19% y 26%, y lo mismo sucede con los dividendos que reparten.

Supervisión de la Agencia Tributaria

Los que quieran seguir disfrutando de esta inversión colectiva gravada solo con un 1% de impuestos, podrán hacerlo. Pero a partir de ahora se incrementa la inversión mínima por accionista y la supervisión de estos productos pasa a estar bajo vigilancia de la Agencia Tributaria. "Este cambio ha podido influir en las decisiones tomadas por algunos socios para liquidar este tipo de inversiones", señala José Luis López-Hermida, director de Cliente Privado y Family Offices de KPMG Abogados. "Ha dejado de ser un producto tan atractivo como antes", indica Unai Ansejo, cofundador de Indexa Capital.

Las que no cumplan con las exigencias, están en tiempo de descuento, puesto que tienen que comunicar su acuerdo de disolución antes del 31 de diciembre de este año, aunque la cancelación en el registro aún puede alargarse hasta junio de 2023. "Tienen que comunicar lo que van a hacer y adherirse a las nuevas normas, las que no lo hagan tendrán que tributar hasta un 25% en vez del 1%", explica Paloma López, abogada del área fiscal de LABE Abogados.

"Los cambios pretenden terminar con la figura del ‘mariachi’. De los cien socios necesarios para conformar una sicav algunos eran ‘ficticios’ y solo eran acompañantes de un inversor principal. Pero sigue siendo un régimen muy interesante. La familia del Pino ya ha anunciado que mantendrá la suya, por ejemplo", aclara López. Los que ya no quieran continuar en el régimen de sicav, tienen la opción de retirar la inversión de la sociedad y ahorrarse la plusvalía si ese dinero se reinvierte en una sociedad española.

“El objetivo de estas sociedades es que fueran una inversión colectiva, pero eso estaba desvirtuado porque lo más recurrente es que hubiera unos socios principales y el resto eran acompañantes sin influencia real”, desarrolla Jesús Ruiz-Huerta, economista y director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, que participó en la redacción del Libro Blanco para la reforma fiscal con recomendaciones para la ley antifraude. “Es necesario vigilar más estos productos para evitar los abusos y por ese motivo se recomendó que la Agencia Tributaria los supervisase”, señala Ruiz-Huerta. 

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El patrimonio gestionado por la sicav llegó a representar el 2,25% del PIB en 2019. Tras la reforma, el futuro de este patrimonio es incierto. Fuentes financieras creen que una parte de la inversión puede trasladarse a otro país, aunque no todos coinciden con esta posición. "La mayor parte del dinero de la sicav ya estaba fuera de España, solo aguantarán las más grandes", asegura un experto fiscal que prefiere no ser citado.

Pese a la polvareda política levantada en España, se trata de un producto que existe en otros países. "La nueva exigencia de una inversión mínima de 2.500 euros no existe en otros países en los que operan las sicav, como Luxemburgo o Bélgica. Solo Portugal tiene requisitos similares", explica José Luis Manrique, director del Estadísticas de Inverco. Manrique considera que los cambios legislativos no tienen “no tienen mucho sentido” y supone tratar de forma distinta a las sicav frente a otras sociedades de inversión. “Lo más preocupante es la inversión que se pueda perder tras los cambios legislativos. Algunas sociedades se disolverán y el patrimonio acabará en otros países”, vaticina Manrique.