Los siete golpes del BCE contra el impuesto a la banca del Gobierno

El Banco Central Europeo (BCE) se ha posicionado este jueves contra el impuesto a la banca que, salvo sorpresa, será aprobado a finales de este año. El Gobierno español pretende recaudar mediante este instrumento 3.000 millones de euros en dos años. El supervisor bancario europeo, a través de un dictamen aprobado por su Consejo de Gobierno, desmenuza los efectos perjudiciales que este tributo puede acarrear sobre la economía española. A continuación se explican siete

En primer lugar, el organismo presidido por Christine Lagarde contradice una de las premisas fundamentales del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de aprobar este impuesto: si bien coincide en que "los ingresos netos por intereses suelen aumentar a medida que aumentan los tipos de interés oficiales", efecto que es mayor cuanto menor sea el peso de los préstamos a largo plazo, señala que dicho efecto puede compensarse con un menor volumen de préstamos por "pérdidas en la cartera de valores y aumentos en las provisiones como consecuencia del deterioro de la calidad de la cartera de crédito".

En segundo lugar, el BCE apunta al perjuicio de poner en peligro la transmisión de las medidas de la política monetaria a la economía general a través de los bancos debido a los bajos beneficios que todas estas entidades pueden registrar porque la determinación de los destinatarios del gravamen temporal atiende a los ingresos totales por intereses y comisiones correspondientes a 2019. Seguidamente, el supervisor bancario recomienda que esta ley esté acompañada de un "análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario" que destacase el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito. "Esta recomendación es especialmente pertinente" por la gran incertidumbre que presenta el actual entorno económico y financiero ante el aumento de las provisiones para perdidas de los bancos por la menor actividad económica.

El BCE también critica la disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no pueda trasladarse a los clientes podría también contribuir a crear incertidumbre, "así como riesgos operativos y de reputación" y también se acuerda de las consecuencias que las políticas del Gobierno pueden tener sobre la inflación: "las medidas de apoyo fiscal para amortiguar los efectos del incremento de los precios de la energía deben ser temporales" para limitar el riesgo de "alimentar presiones inflacionistas", aumentar la eficiencia del gasto público y hacer más sostenible la deuda pública.

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Mientras, el supervisor apela al Gobierno y al Congreso a que realicen un "análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas" de este impuesto, para "garantizar" que no conlleve "riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico real".

El BCE pone también el foco sobre el perjuicio que esta situación genera sobre la igualdad de condiciones tanto en España como "en toda la unión bancaria", ya que la aplicación de este gravamen únicamente a los bancos españoles podría distorsionar la competencia entre bancos. Además, el BCE espera que estas entidades de crédito tengan en cuenta todos estos costes y los reflejen en los precios de los préstamos. Por último, el supervisor apunta que no está clara la función de colaboración del Banco de España para garantizar el cumplimiento por parte de las entidades de crédito del requisito establecido en esta proposición de ley para "no trasladar el importe del gravamen temporal a sus clientes".