Frente canario-balear para exigir a Madrid acelerar la descarbonización

No hay carencias técnicas ni económicas para que Canarias esté descarbonizada en 2040, pero sí «de boletín». Así se refirió ayer el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, a los cambios normativos que Madrid debe promover para acelerar la entrada de las energías limpias. Para reforzar sus demandas, el Archipiélago vuelve a presentarse ante el Ejecutivo central junto a Baleares, con la que comparte alguno de los lastres en el impulso a las renovables.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó en febrero la Estrategia de Energía Sostenible para Canarias, dotada con 466 millones de euros de fondos europeos. Según calculó entonces el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, esa suma unida a la iniciativa privada significará cerca de 900 millones de euros movilizados hasta 2026.

Valbuena sumó a la cantidad asignada al Archipiélago la que se contempla para Baleares. Entre ambas comunidades autónomas alcanzan los «700 millones de euros». Y el compromiso con Madrid es que el último día de este año habrán convocado iniciativas por un valor «del 60% del presupuesto» (280 millones de euros en el caso canario). Faltan dos meses para concluir el año y el consejero no contempla un escenario distinto del cumplimiento de los plazos.

Se aprobará «un paquete muy importante de ayudas con ayuntamientos, cabildos y universidades», enumeró Valbuena, y otro más «para comunidades energéticas, con uno concreto para las industriales», entre otros. También Baleares hace los deberes al respecto, según confirmó su consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes.

Si a 31 de marzo están colocados todos los parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas que cuentan con autorización, las Islas se situarán «por encima del gigavatio, picando el 30% de energías renovables instaladas en grandes parques», explicó Valbuena. Pero el consejero aclaró que eso «no basta» y que el objetivo es conseguir que toda esa potencia instalada se traduzca en energía que llega a los ciudadanos, algo que impiden las actuales leyes.

La primera de las demandas conjuntas de ambos archipiélagos es el acceso a los mecanismos entre particulares (PPA, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, un promotor construye un parque solar y se convierte en proveedor energético de un grupo de consumidores. La patronal turística de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) tiene un proyecto de esta naturaleza que puede «casi garantizar la descarbonización del sector turístico».

Lograrlo supondría «dar pasos de gigante» en la transición energética «de los territorios insulares», enfatizó el consejero. Baleares, también altamente dependiente del sector alojativo, comparte esta inquietud. Sobre todo cuando, retornando al ejemplo de Ashotel, el capital privado está dispuesto a financiar íntegramente las infraestructuras, vinculando la amortización al ahorro en la factura eléctrica.

Otra necesidad a la que se enfrentan ambos archipiélagos es la de un régimen propio para las comunidades energéticas. Estas agrupaciones de vecinos o empresas que comparten sus espacios para la colocación de placas fotovoltaicas y abastecerse de energía. «Necesitamos un radio de dos kilómetros, sin límite de ningún tipo –cubiertas, espacios abiertos, marquesinas...–, y que la potencia sea la que marque Red Eléctrica», detalló José Antonio Valbuena.

«Agua por el sumidero»

El tercer «cambio sustancial», en palabras del consejero isleño, tiene como marco las infraestructuras de almacenamiento capaces de recibir el excedente de energía limpia generada. El contexto propicia una situación comparable con la de «tener el grifo de casa abierto y el agua marchándose por el sumidero». ¿Qué es necesario para que esto no ocurra? En el caso de Gran Canaria, está en camino el Salto de Chira, pero más allá de obras de este tamaño, Valbuena aludió a baterías.

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El problema es que no existen reglas, nadie sabe qué retribución puede recibir por almacenar energía, lo que disuade la inversión. «Necesitamos que en los territorios insulares se pueda regular ya el mercado del almacenamiento», señaló el consejero canario. Si no se atienden estas tres demandas, «es imposible garantizar la transición energética en los territorios insulares», añadió.

Ambos consejeros se nutrieron recíprocamente de las soluciones que uno y otro abordan en sus respectivas comunidades autónomas para garantiza los avances en la penetración de energías renovables. Entre ellas, la que Juan Pedro Yllanes tiene avanzada para acortar los plazos entre el momento en que alguien instala una placa fotovoltaica y el ahorro se refleja en su factura.