El descuento de los 20 céntimos costará más de 6.000 millones de dinero público

El Gobierno reconoce que está estudiando poner fin al descuento de 20 céntimos por litro de combustible para todos los conductores que puso en marcha el pasado 1 de abril como parte del escudo anticrisis en plena espiral de precios. La rebaja generalizada expira formalmente el próximo 31 de diciembre y el Ejecutivo analiza la posibilidad de mantenerlo en las condiciones actuales o reformarlo para sustituir el actual descuento indiscriminado por otras medidas de protección específica a colectivos y sectores económicos más afectados por la subida de los carburantes.

La propia vicepresidenta primera y ministra para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dejó en el aire la continuidad del descuento de 20 céntimos a partir de enero, al menos tal y como se articula actualmente, y reconoció que estas rebajas tienen un “impacto fiscal muy importante” y se hace necesario analizar si hay que mantener la bonificación generalizada a todos los conductores.

El impacto fiscal tan importante del descuento de todos los conductores, particulares o profesionales, en cada litro de combustible consumido en concreto será de 6.027 millones de euros simplemente con seguir vigente hasta final de este año, según la estimación oficial del Gobierno recogida en el Plan Presupuestario para el próximo ejercicio remitido a la Comisión Europea.

La previsión del Ejecutivo contempla un impacto presupuestario de la rebaja de combustible de 5.752 millones este año y un coste residual de otros 275 para el próximo, consecuencia de los pagos en diferido de la compensación a las gasolineras en las primeras semanas de 2023. Más de 6.000 millones de dinero público a la espera de que el Gobierno decida si mantiene, elimina o reforma las bonificaciones especiales a los carburantes.

Las cuentas públicas pagan íntegramente el descuento a todos los conductores, particulares y profesionales, e independientemente de su nivel de renta; salvo en el caso de algunas grandes petroleras para cuyas ventas el Estado asume 15 de los 20 céntimos. El Gobierno se plantea mantener durante los primeros meses del próximo año o durante todo 2023 varias de las medidas adoptadas para paliar el impacto de la crisis energética en hogares y empresas, pero la rebaja de los combustibles está en duda.

El Ejecutivo pretende apurar hasta casi final de año para adoptar una decisión definitiva tras analizar la evolución de los precios de los combustibles durante las próximas semanas y las previsiones para el próximo año. El precio de los combustibles han venido registrando caídas a lo largo de las últimas semanas y se han alejado de los máximos del pasado julio, cuando tanto gasolina como gasóleo se situaron por encima de los 2,10 euros por litro.

"Es un tema que tenemos que evaluar de aquí a final de año. Tenemos que ver en qué medida esa bonificación, que tiene un impacto fiscal muy importante, hay que mantenerla para toda la población o es mejor centrarnos en un colectivo o un sector más afectado", admitió la vicepresidenta Calviño. "Vamos a evaluar cuáles [medidas anticrisis] tienen que ser prorrogadas y cuáles no".

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Desde el propio Gobierno se ha venido apuntando en los últimos meses la posibilidad de eliminar el descuento a los combustibles o modificarlo si se constataba que no estaba siendo eficaz. Y el también había dejado abierta la puerta en otras ocasiones a reconvertirlo más adelante en un descuento que se repartiría en función de la renta del consumidor si la crisis energética y los altos precios de gasolina y gasóleo se prolongaban y se hacía necesario ampliar el apoyo a los conductores.

El reparto generalizado del descuento de 20 céntimos por litro para todos los clientes y en todos los repostajes, con independencia del nivel de renta del consumidor y de la intensidad en el uso de los vehículos, ha recibido críticas por ser regresiva: al ser general, beneficia más a las rentas altas. En cualquier caso, desde varios ministerios del Ejecutivo (de Hacienda a Transición Ecológica o la propia Economía) se ha defendido que lanzar la rebaja de carburantes para todos los usuarios era la única forma de aplicarlo rápidamente en un momento en que la necesidad de activar medidas de protección era urgente.