España se alía con Italia, Portugal y Holanda para extender la 'ley Rider' a toda Europa

Un año y dos meses después de la entrada en vigor de la 'ley Rider' en España, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha armado un frente común con otros siete países de la Unión Europea para extender dicha legislación al club de los 27. España ha firmado conjuntamente una carta con Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Eslovenia, Malta y Luxemburgo para solicitarle a la Comisión Europea que blinde dos supuestos en su directiva del trabajo en plataformas. Por un lado, que los repartidores de aplicaciones como Glovo, Uber o Just Eat deban operar por defecto como asalariados. Y, por el otro, que toda empresa que utilice un algoritmo para su organización interna deba estar obligada a informar a los representantes de los trabajadores sobre los efectos y la confección de dicho algoritmo. Básicamente los dos puntos que recoge la española 'ley Rider'.

Con la carta remitida a la ministra de Trabajo de la República Checa -país que actualmente ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de Europa- y al comisario de empleo y derechos sociales de la Comisión Europea, Yolanda Díaz se lanza así a escalar una de sus normas estrellas al ámbito europeo. Y lo hace sin que todavía la 'ley Rider' haya probado su efectividad por los tribunales o la Inspección de Trabajo. Pues el redactado de folio y medio de extensión normativa que la vicepresidenta segunda consiguió pactar con patronal y sindicatos todavía no ha dejado sentencia o inspección alguna que pruebe que la condición de asalariados de los repartidores queda reforzada con la nueva norma.

Los firmantes reclaman que la directiva en curso "garantice una correcta clasificación de los trabajadores y el pleno disfrute de sus derechos", así como de "acceso a los datos y a la información a las personas que trabajan en las plataformas y a sus representantes si queremos regular adecuadamente los algoritmos y estimular la negociación colectiva", según recoge la carta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El sector de las plataformas digitales de reparto sigue en rebeldía en España contra la legislación del Ministerio de Trabajo. Glovo no ha dejado de operar en ningún momento con repartidores autónomos y rechazó adaptar su modelo a la nueva legislación. Y Uber Eats, su principal competencia, si bien durante el primer año se pasó a un modelo de flotas subcontratadas, hace un mes volvió a operar con repartidores auto empleados para poder competir con Glovo en sus mismas condiciones.

Sin todavía inspecciones ni sentencias

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La Inspección de Trabajo todavía no ha podido cerrar actuaciones con la nueva ley en vigor y las últimas -referentes a Barcelona y Valencia, que dejaron multas récord de casi 80 millones de euros- cubren periodos temporales a la 'ley Rider'. Es decir, la 'policía laboral' todavía no ha dicho si Glovo o Uber cumplen o no con la 'ley Rider', porque no ha tenido tiempo todavía de examinarlo. Tampoco ha salido a la luz ninguna sentencia judicial de repartidor alguno que haya invocado dicha legislación para reclamar su condición de asalariado, dado el atasco generalizado de los juzgados de lo social, que pueden tardar año y medio en fijar juicio tras recibir una demanda.

Díaz escaló un grado su pulso con Glovo hace unas semanas, cuando anunció que llevará ante fiscalía a la empresa fundada por Óscar Pierre para que esta determinara si su rechazo a contratar a los repartidores incurría en un delito contra los derechos de los trabajadores.