PLAN DE CONTINGENCIA

El Gobierno limitará el precio del gas para las calderas de las comunidades de vecinos

La vicepresidenta Teresa Ribera promete un "nivel de protección equivalente al de la tarifa regulada (TUR)"

El Gobierno limitará el precio del gas para las calderas de las comunidades de vecinos.

El Gobierno limitará el precio del gas para las calderas de las comunidades de vecinos.

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El Gobierno limitará el precio del gas natural que pagan las comunidades de vecinos con calderas comunitarias, según declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera

"Una de las cuestiones que abordamos en el plan de contingencia es la contención del precio en las facturas de los consumidores con caldera compartida, en las comunidades de propietarios", dijo Ribera el jueves pasado. El objetivo, según la vicepresidenta, es que estos usuarios tengan "un nivel de protección equivalente" al que tienen desde hace un año "los consumidores de la tarifa regulada de gas (TUR)".

En España hay 1,6 millones de comunidades de propietarios con calderas comunitarias, la conocida como calefacción central. Este tipo de usuarios deben contratar una tarifa en el mercado libre para 'grandes consumidores' porque por su tamaño y demanda de energía --más de 50.000 kilovatios al año-- no se pueden acoger a la tarifa regulada (TUR) dirigida a los consumidores domésticos. Hasta ahora, una y otra tarifa tenían precios similares. 

La crisis energética ha disparado el precio del gas en el mercado internacional y el Gobierno decidió en septiembre del año pasado contener el crecimiento de la tarifa regulada (TUR) al limitar el crecimiento del precio de la materia prima, que se actualiza cada trimestre, al 15%, agravando todavía más las diferencias en el coste de ambas.

"Hay agravio comparativo entre los consumidores domésticos que usan una caldera individual que se pueden acoger a la TUR y el resto", defiende el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, Pablo Abascal. 

Tal es así que un consumidor doméstico se pueda acoger a la tarifa regulada y pagar entorno a 59 euros por megavatio-hora, mientras que otro usuario con unas condiciones semejantes que tenga calefacción central tendrá que pagar 160 euros por megavatio-hora, según explica el vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Pablo Ruiz. Según los cálculos de esta organización, un usuario con que en el otoño-invierno de 2020-2021 pagó 600 euros de factura de gas tendrá que pagar este año casi 3.000 euros, casi 5 veces más.

“Está clarísimo que no podemos entrar en el invierno en condiciones en las que nos podríamos encontrar con muchas más familias con problemas serios para calefaccionar sus hogares y, por tanto, con un riesgo de pobreza energética térmica que no es deseable para nadie. Nos parece que esto es insostenible", indicó Ribera el jueves tras aseverar que esta sería una de las medidas del plan de contingencia. El pasado 20 de septiembre, el Gobierno aprobó, además, una rebaja del IVA del 21% al 5% para la factura del gas que aplica también para las calderas comunitarias.

El Consejo de Ministros prevé abordar este martes el plan de contingencia, según indicaron a Europa Press en fuentes ministeriales. El punto de partida será el Plan de Emergencia del Sistema Gasista Español, que establece escenarios de acción en casos de problema grave en el suministro de gas, pero adaptado a la situación excepcional actual y a un posible corte de suministro ruso.

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Según diversas fuentes, el documento incluirá dos escenarios centrales. Uno de reducción del consumo de gas voluntario y otro de recorte del consumo obligatorio del 6,4%, en vez del 7% avanzado en un inicio por el Gobierno, que aplicará en caso de que la Unión Europea declare la situación de emergencia, tal y como se acordó con Bruselas en julio. En ningún caso habrá obligaciones para los usuarios domésticos y la industria, pero sí recomendaciones de consumo.

El foco de las medidas se dirigirán a buscar el ahorro y la eficiencia, pero también a contribuir a la seguridad de suministro comunitaria, a través del intercambio de energía como la conexión entre Cartagena y Barcelona con Italia y la ampliación de los gasoductos existentes con Francia, así como a acelerar la tramitación de energías renovables, también en el caso del biogás, para impulsar la velocidad de su incorporación. Se tratará de un documento vivo que incluirá medidas normativas ya aprobadas por el Consejo de Ministros, como la creación del mecanismo de interrumpibilidad para los grandes consumidores, pero también otras que no serán de aplicación inmediata.