La UE obligará a las empresas a responsabilizarse de lo que subcontratan en el resto del mundo

Una empresa textil muy popular tiene su sede en España. Vende en España, tributa (mayoritariamente) en España y desde allí dirige su operativa en todo el mundo. Pero esa empresa textil no produce en España, sino que subcontrata a otras empresas en la India para que le hagan allí su ropa. Un día una de esas fábricas donde subcontrata la empresa española se incendia y la prensa descubre tras el fuego las inhumanas condiciones laborales en las que trabajaban sus empleados. Sin contrato, varios niños, turnos interminables, sin ventilación, con apenas luz… 

Hasta ahora la firma española no tenía apenas responsabilidad en todo ello, alegaba que eso era cuestión de un tercero y que ellos se limitaban a encargar un número de piezas de ropa y pagarlas, punto. A partir de ahora la Unión Europea prepara una directiva para obligar a esa empresa a hacerse responsable de que los derechos humanos y medioambientales se cumplen tanto dentro de su propia organización como en toda la cadena de valor, que va desde la tienda donde se vende hasta el taller donde se confecciona, pasando por los centros donde se diseña y el carguero que la transporta por medio mundo. O a una bodega que embotella vino en Cataluña pero compra madera talada del Amazonas para sus barricas. O un fabricante de tecnología que importa plástico de industrias ultracontaminantes del sureste de Asia.

La "directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad" se encuentra actualmente en fase de discusión en el Parlamento Europeo, con previsión de que antes del próximo noviembre del 2023 pueda ser aprobada. Luego quedaría la transposición de cada país a sus propias leyes, fase que se alargará mínimo dos años más. Junto con las directivas en materia de derechos digitales y la referente al salario mínimo, esta está llamada a ser una de las medidas estrella del mandato de Ursula Von der Leyen. 

En un momento en el que en España los gobiernos autonómicos rebajan impuestos para competir fiscalmente entre ellos, Europa busca vetar que las empresas, tanto de matriz europea como extranjeras pero con filial en territorio de los 27, compitan entre ellas a costa de los derechos humanos o empeorando la crisis climática. Según datos de la OIT, 27,6 millones de personas en todo el mundo desempeñan hoy en día trabajos forzosos, el 12% de ellas son niños.  

¿Qué empresas se verán afectadas?

Los baremos todavía es algo que los legisladores están acabando de definir. Según explica el eurodiputado de Ciudadanos implicado en ello, Adrián Vázquez, la nueva directiva obligaría a toda empresa europea que facture 150 millones de euros al año y tenga más de 500 trabajadores en plantilla. O si se dedica a un sector calificado de riesgo, como es el caso del textil, la agricultura o la explotación forestal, el baremo baja a 40 millones de facturación y 200 empleados. Y en el caso de las firmas de matriz extranjera pero filial en Europa, se les podrían exigir responsabilidades a partir de los 150 millones de facturación, sea cual sea su plantilla. 

¿Qué obligaciones tendrán una vez entre en vigor la directiva? La primera será comunicar anualmente junto a su cuenta de resultados todas las medidas que toman activamente para evitar vulneraciones en toda su cadena de producción. Hasta ahora esto era algo optativo en casi toda Europa -solo Francia, Alemania y Dinamarca tenían algún tipo de cláusula vinculante-, y si las compañías no lo hacían no podían ser sancionadas por los tribunales de cada estado. "La actuación voluntaria no parece haber dado lugar a una mejora a gran escala en todos los sectores y, en consecuencia, se observan externalidades negativas de la producción y el consumo de la UE tanto dentro como fuera de la Unión", reconocen los redactores de la propuesta de directiva. 

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¿Y cómo conseguirán obligar los gobiernos a las empresas a que cumplan? Aquí se encuentra una de las claves, por definir, de la nueva directiva. Hay fuerzas políticas que abogan por introducir ‘cláusulas en cascada’, es decir, que la empresa matriz introduzca cláusulas en todos los contratos que firme con sus subcontratas en las que les obligue a cumplir con los derechos mínimos. Bajo pena de sanciones o rescisión del contrato. El problema con este modelo puede ser que dichas cláusulas acaben en papel mojado y no haya una vigilancia real de las mismas. La alternativa es obligar a la empresa principal a gobernar y supervisar todo el proceso, lo que puede echar para atrás a las máximas direcciones, especialmente si no son grandes corporaciones.  

Falta de ejército o de una diplomacia coordinada, la Unión Europea intenta regular las relaciones comerciales con una de las pocas bazas que tiene: ser un continente con millones de ciudadanos con un alto poder adquisitivo y al que las empresas y grandes corporaciones no quieren renunciar como mercado. El mensaje es claro: "Si queréis hacer negocio aquí debéis velar porque los derechos humanos y el combate a la crisis climática no acaben en las fronteras de Europa".