La banca se compromete a no quitar cajeros en municipios donde solo haya uno o aportar una alternativa

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y los responsables de las tres patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) tienen previsto reunirse este viernes a mediodía para suscribir el plan del sector para llevar el efectivo a los municipios desatendidos de la España vaciada, que llevan negociando desde haces meses. En el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, las entidades se comprometen a hacer "sus mejores esfuerzos para mantener los puntos de acceso" (oficinas o, más habitualmente, cajeros) en los municipios que solo cuenten con uno de ellos durante los seis meses (ampliable en otros seis, bajo determinadas circunstancias) en que está previsto que el plan se despliegue. 

La idea, se apunta en el plan, es "dar tiempo" a la nueva hoja de ruta para la inclusión financiera para "desplegar sus efectos". Las entidades que, a pesar del punto anterior, planeen cerrar el único punto de acceso que exista en un municipio asumirán dos compromisos. Por un lado, comunicárselo a los clientes con una antelación de al menos cuatro meses, salvo "imposibilidad sobrevenida", en cuyo caso serán dos meses. Además, sustituirán el servicio prestado por otro de los previstos en la hoja de ruta para que sus clientes puedan seguir teniendo acceso al efectivo. 

Cajeros de marca blanca

Como adelantó este diario, las entidades se han comprometido a aportar en seis meses una oficina, cajero, oficina móvil o agente financiero a los 243 municipios desatendidos de más de 500 habitantes (en los que vive el 0,45% de la población, unas 211.000 personas). Así lo harán, "bien directamente, bien a través de su participación en las licitaciones o actuaciones administrativas equivalentes realizadas por las Administraciones Públicas interesadas" y siempre "sobre la base de la necesaria colaboración público-privada, que podría materializarse, en su caso, a través de la puesta a disposición de un espacio físico adecuado, con las condiciones de seguridad necesarias, y de las conexiones a infraestructuras tecnológicas requeridas, como el acceso a internet".

Si pasado ese plazo algún municipio queda desatendido, el sector se compromete a instalar de forma conjunta un "cajero genérico (léase, de marca blanca), gestionado por un operador específico, con las funcionalidades necesarias para la prestación de los servicios bancarios básicos y que permita la retirada de efectivo, para lo que contará con un plazo de seis meses adicionales". Además, en los tres meses posteriores a la instalación y puesta en marcha del cajero se desarrollarán medidas formativas con los clientes para facilitar su uso.

Aldeas y seguimiento

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En los 2.987 municipios de menos de 500 habitantes desatendidos (donde vive el 0,99% de la población española, unas 446.000 personas), el sector se ha comprometido a garantizar el acceso al efectivo mediante alguna de las modalidades anteriores, mediante los carteros rurales de Correos, o a través de soluciones de 'cash back' y 'cash in shop' (retirada de efectivo en tiendas y comercios). Respecto a esta última modalidad, el sector está trabajando en "distintos proyectos", en la línea del acuerdo que alcanzó con Correos antes del verano y que ya han suscrito siete entidades.

Las patronales también se han comprometido a encargar a un experto independiente el seguimiento de las medidas que se vayan adoptando, con el objetivo de ir ajustando la hoja de ruta en caso de necesidad e identificar posibles alternativas mejores a las soluciones previstas. Así, publicarán un estudio anual, así como informes trimestrales. Adicionalmente, en el plazo de tres años se revisarán los compromisos asumidos "a fin de comprobar su adecuación a los cambios que experimenten las poblaciones afectadas y la disponibilidad de servicios financieros, así como la evolución observada en las preferencias por el uso de efectivo o canales digitales por parte de los clientes".