La gran industria presiona a Ribera para volver a cobrar por parar sus fábricas si hay riesgo de apagón

Durante algo más de una década, los clientes eléctricos españoles estuvieron pagando cada mes en sus recibos de luz ayudas millonarias a la gran industria. Varias decenas de plantas industriales se ofrecían a parar su producción para reducir el consumo eléctrico y evitar así posibles problemas de seguridad de suministro o desajustes en el mercado que pudieran provocar subidones del precio de la luz.

Entre 2008 y mediados de 2020 grandes grupos industriales recibieron algo más de 5.260 millones de euros -según los datos de la extinta Comisión Nacional de la Energía y de la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia- gracias al denominado servicio de interrumpibilidad, el mecanismo que servía para garantizar que esas fábricas pararían y dejarían de consumir electricidad o reducirían el consumo en caso de riesgo de apagón o de grandes picos de precio.

Hace dos años, a instancias de la Comisión Europea, el actual Gobierno puso fin al sistema de subastas semestrales a través del que se repartían esas subvenciones y a la espera de diseñar un nuevo mecanismo de ayudas. Pero el sistema nunca se actualizó. La gran industria propone ahora al Ejecutivo recuperar el servicio de interrumpibilidad en plena crisis energética, como una forma para rebajar su factura energética y una vía para reducir el consumo energético industrial como parte de plan de contingencia que enviará España a Bruselas en las próximas semanas.

Durante la década larga en que el mecanismo estuvo en marcha en España, sólo se aplicó para dar ayudas a los grandes consumidores industriales de electricidad, pero la gran industria española quiere ahora ampliarlo también a las factorías que consumen gas natural, según confirman la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) y la organización empresarial GasIndustrial.

La patronal de los consumidores electrointensivos y la de los gasintensivos han hecho llegar esta propuesta al Ministerio para la Transición Ecológica y al Ministerio de Industria, comandados por Teresa Ribera y Reyes Maroto, respectivamente, y según confirman fuentes del Gobierno la medida se está analizando como una de las fórmulas posibles, pero aún no hay una decisión cerrada si se incluirá como parte del paquete de iniciativas para ahorrar energía como blindaje ante el pulso de Rusia.

El Gobierno subraya que su objetivo fundamental es no tener que aplicar cortes de suministro durante este invierno ni a hogares ni a industria como parte del plan de ahorro energético. El servicio de interrumpibilidad no implicaría imponer estos cortes, sino que las empresas voluntariamente se ofrecerían a reducir el consumo o suspenderlo por completo a cambio de una bonificación. Desde el sector industrial se insiste en que no se pueden considerar ayudas como tal, sino que se trata por el pago de un servicio y que, en casos de emergencia en plena crisis energética, puede ser útil poder reducir el consumo tanto de luz como de gas.

Una década casi sin parar

Entre 2008 y 2017 los grupos industriales beneficiarios de las ayudas sólo estaban obligados a parar por motivos técnicos, en caso de desajuste entre oferta y demanda eléctrica que amenazase la continuidad del suministro y hubiese riesgo de apagones. Durante años, las industrias cobraban por ofrecerse a parar, pero sin verse obligadas a parar prácticamente nunca.

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Los datos son confidenciales, pero fuentes conocedoras del sistema apuntan que durante una década se obligó a parar factorías sólo apenas cinco horas (aparte de las pruebas del sistema que las factorías tenían que realizar de manera periódica) y recibieron unos 5.000 millones de euros.

El Gobierno de Mariano Rajoy introdujo a finales de 2017 la obligación de que las empresas que participaban del servicio de interrumpibilidad debían reducir consumo también por razones económicas, si existía el riesgo de una fuerte subida del precio. En los años siguientes y hasta la paralización del mecanismo a mediados de 2020, las compañías beneficiarias sí tuvieron que realizar más de medio centenar de paradas por estos motivos económicos y para evitar picos de precios.