Un año decisivo para corregir el rumbo energético de Europa

Septiembre de 2021: España lanza la voz de alarma

El precio de la luz comenzó a pulverizar récords en el verano de 2021, con máximos históricos diarios que hicieron saltar las alarmas y disparar la presión sobre el ejecutivo. Por eso, lo primero que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez nada más retomar el curso político europeo fue lanzar una ofensiva diplomática en Bruselas pidiendo soluciones europeas.

En primer lugar, con una carta de las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera a los principales comisarios europeos con una batería de propuestas para crear una plataforma europea de compra de gas, reservas estratégicas, medidas contra la especulación y la reforma del sistema eléctrico. Y posteriormente planteando el problema en cada reunión y consejo de ministros. La estrategia dio algunos frutos y a principios de octubre otros cuatro países -Francia, Grecia, Rumanía y República Checa- suscribían con España una declaración en la que pedían una respuesta europea.

Octubre de 2021: tibia respuesta de Bruselas

La primera respuesta de la Comisión Europea llegó a mediados de octubre en forma de “caja de herramientas”, con un listado de medidas ya existentes para amortiguar el impacto del alza del precio del gas en la factura de la luz. Básicamente, rebajas de impuestos y medidas para apoyar a los hogares y las empresas más vulnerables y el solo compromiso a explorar compras voluntarias de gas pero no a reformar el sistema marginalista de fijación de precios por el que la energía más cara (el gas en estos momentos) determina el precio de las demás.

“Existe un consenso general de que el modelo de precios marginales es el más eficiente para los mercados de electricidad liberalizados y el más adecuado “, defendía entonces la comisaria de energía, Kadri Simson. Un jarro de agua fría para las aspiraciones españolas confirmado en la cumbre de líderes celebrada el 21 y 22 de octubre de la que España salió con las manos vacías.

Es más, por si no quedó claro, cuatro días después nueve países -Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia, Irlanda y Luxemburgo- ponían por escrito su rechazo a una reforma ad hoc del mercado mayorista de la electricidad y apostaban por las medidas “temporales” y “selectivas” de la Comisión. España respondía poco después pidiendo a Bruselas libertad para salirse del sistema de precios de la electricidad.

Noviembre de 2021: jarro de agua fría del regulador europeo

El informe preliminar encargado por la Comisión Europea a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) tampoco ayudó a abrir los ojos. El análisis concluía que ni estaba claro que las compras centralizadas de gas fuera a tener un impacto positivo en los precios ni que poner un precio máximo fuera a ser positivo porque, aunque podía aliviar la situación a corto plazo, podría poner en riesgo otros objetivos.

Febrero de 2022: guerra de Rusia

La invasión de Ucrania ordenada por Vladimir Putin el 24 de febrero supuso un punto de inflexión a nivel político y también energético y puso de manifiesto la extremada debilidad de una Europa dependiente absolutamente del gas ruso. Aunque Moscú ya había cerrado el grifo del gas en otras ocasiones en el pasado, tras la revolución naranja en Ucrania, la UE se encontró de la noche a la mañana con una situación incierta y un chantaje insoportable.

Según las estimaciones de la Comisión, en junio de 2022, los flujos de gas procedentes de Rusia eran un 30% de media más bajos que en el período 2016-2021, como consecuencias de una serie de “acciones repentinas, no deseadas y unilaterales de Rusia”, sostiene la Comisión en el último documento de trabajo en el que denuncia la interrupción del suministro a los países bálticos, Polonia, Bulgaria o Finlandia sin olvidar la suspensión parcial de envíos a Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Países Bajos o Italia.

Marzo de 2022: llega la “excepción ibérica”

Pese a la negativa de los Veintisiete a reformar el mercado eléctrico y desvincular los precios del gas y la electricidad, la batalla dada por España y Portugal dio sus frutos y ambos países arrancaron en la cumbre de finales de marzo la llamada “excepción ibérica", por su elevado nivel de renovables y sus limitaciones interconexiones con el resto de Europa, para instaurar un mecanismo que permitiera intervenir en el mercado mayorista para limitar el precio del gas utilizado para la generación eléctrica.

Tras intensas negociaciones, y pese al jarro de agua fría del informe final de ACER desaconsejando el rediseño del mercado eléctrico europeo y alertando de que una mayor intervención supondría más distorsión, la Comisión, España y Portugal lograron un principio de acuerdo a finales de abril y Bruselas terminó autorizando a principios de junio un mecanismo que estará en vigor hasta el 31 de mayo de 2023.

Mayo de 2022: desconexión del gas ruso

El cada vez mayor riesgo a un corte de gas ruso terminó convenciendo a la UE de la necesidad de activar un plan para reducir totalmente la dependencia energética de Moscú y diversificar el suministro. El objetivo prescindir este año de 100.000 millones de metros cúbicos de gas (de los 155.000 importados en 2021) y terminar con la dependencia en un plazo de cinco años. Un elemento importante en este objetivo es el compromiso a rellenar los depósitos subterráneos de gas al 80% antes del invierno, logrado con dos meses de antelación.

Julio-septiembre: plan de ahorro de gas y electricidad

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El temor a tener que racionar el gas en invierno llegó a Bruselas a completar la batería de medidas con un plan de contingencia que por primera vez incluyó medidas para reducir el consumo de gas un 15% entre agosto y marzo de 2023, aunque con excepciones para España y Portugal (un reducción del 7%) debido a sus escasas interconexiones.

Entre las medidas, reducir el uso de la calefacción y el aire acondicionados, optar por el carbón y la nuclear si fuera necesario y subastas para compensar a las industrias que se propongan reducir el consumo. Medidas todas ellas que no han servido para paliar los estratosféricos precios de la electricidad. Un año después de que España planteara abrir ese melón, Bruselas acepta el desafío.