BIENESTAR ANIMAL

Videovigilancia en mataderos ingleses: "No hay inspecciones y se siguen maltratando animales"

  • Inglaterra obliga a instalar circuitos cerrados de televisión desde 2018, pero las asociaciones protectoras de animales reclaman más controles rutinarios y aleatorios

  • "El sector cárnico inglés rechazó la videovigilancia en un primer momento, aunque lo acabó entendiendo", aseguran en 'Animal Aid'

  • Francia prima las inspecciones y deja en manos de los mataderos colocar cámaras de grabación

Operarios despiezan carne en un matadero.

Operarios despiezan carne en un matadero.

5
Se lee en minutos

Cuatro años después de que Inglaterra obligase a sus mataderos a instalar circuitos cerrados de televisión, las asociaciones animalistas británicas siguen insatisfechas por las escasas revisiones oficiales de esas imágenes. Algunas de las ONG's más críticas, como Animal Justice Project (AJP), hablan de una “estafa del sistema” a los consumidores por la falta de inspecciones aleatorias y rutinarias; otras, como Animal Aid, reconocen que se ha dado “un paso en la dirección correcta”, pero que no pueden saber hasta qué punto se ha conseguido mejorar las cosas.

“Con la mano en el corazón te digo que no sé si al final ha sido tan efectivo a la hora de prevenir las malas prácticas, porque lo cierto es que no lo sabemos”, asegura a El Periódico de España Tor Bailey, directora de proyectos de Animal Aid. "Cuando hay veterinarios supervisando lo que ocurre y cuando los trabajadores saben que se les está grabando, la situación sí que parece que mejora para los animales, pero, si bien es cierto que ahora es más fácil que obtengamos pruebas en causas abiertas por maltrato, son casos que solo salen a la luz si se revisan habitualmente esas imágenes".

Una reclamación que llevan un paso más allá en Animal Justice Project, donde denuncian que la falta de inspecciones provoca que haya "mataderos británicos que no están cumpliendo con las exigencias marcadas por la ley" y que eso está provocando "una falsa sensación en la población de que el Gobierno está cuidando de los animales" de forma efectiva.

"A pesar de que a primera vista la videovigilancia dé la impresión de que con ella los animales estarán protegidos —todo lo que pueden estarlo en un matadero—, lo cierto es que nuestras investigaciones demuestran que eso no se está cumpliendo", asegura a El Periódico de España Ayrton Cooper, director de proyectos de AJP. "No se realizan inspecciones de forma rutinaria ni aleatoria, por lo que se les sigue pegando y humillando con impunidad".

Sin embargo, Bailey recuerda que en el Reino Unido ya se ha encarcelado a trabajadores de mataderos por maltrato animal, por lo que el hecho de poder disponer ahora de pruebas gráficas de todo lo que pasa dentro de estos centros no solo facilita el procesamiento, sino que disuade a los potenciales maltratadores.

Aunque en un primer momento el sector cárnico inglés protestó por las obligaciones impuestas con la nueva legislación, finalmente entró en razón.

"Empezamos a mostrar investigaciones acerca del abuso, el sufrimiento y las malas prácticas a las que se veían sometidos estos animales, y parece que han aceptado que es necesario hacer algo para remediarlo", asegura la coordinadora de Animal Aid. "El coste de instalar un circuito cerrado de televisión no es prohibitivo, pero exponerse a un riesgo reputacional por un caso de maltrato sí que puede acabar saliendo muy caro".

La norma española, similar a la inglesa

Gracias al trabajo llevado a cabo durante una década por asociaciones como Animal Aid, Inglaterra puso en marcha hace cuatro años una legislación inédita en Europa y que ahora no solo se ha extendido a otros territorios del Reino Unido como Gales y Escocia, sino que también ha llegado España.

En Inglaterra, donde la ley entró en vigor el 4 de mayo de 2018, se dio a los mataderos seis meses para instalar el sistema de videovigilancia, mientras que en España se ha dado un año a los más grandes y dos a los de menor tamaño.

Sin especificaciones técnicas que pudieran quedarse desfasadas, la ley británica simplemente indica que las imágenes tienen que tener la claridad suficiente. En el caso de zonas oscuras, por ejemplo, recomiendan la instalación de cámaras infrarrojas, pero la responsabilidad en cuanto a la calidad del vídeo recae en el propietario del matadero.

Si la imagen no es lo suficientemente clara a ojos del inspector, estará sujeto a una posible retirada de la licencia correspondiente o incluso a una sanción económica, y en el caso de la ley británica, las multas no tienen límite, por lo que queda a discreción del juez aplicar el baremo a cada caso concreto.

También es responsabilidad del matadero que los trabajadores tengan la formación necesaria para “almacenar, procesar y transmitir” la información obtenida, así como las contraseñas y todo lo necesario para acceder al sistema si los inspectores lo requieren. 

Al igual que la norma aprobada este martes por el Consejo de Ministros, en los mataderos ingleses las cámaras tienen que estar presentes en todas las zonas donde haya animales vivos y reflejar sin ángulos muertos, tanto “la muerte del animal como todas las operaciones relacionadas con la misma”. Las imágenes, como en España, también deben almacenarse durante un mínimo de 90 días desde que fueron grabadas.

El caso francés

Francia también introdujo en 2018 novedades en su legislación para mejorar la protección animal en los mataderos, aunque no llegó a convertir en obligatorio el sistema de cámaras de vigilancia, que sigue siendo voluntario. En ese momento, eran poco más de un centenar los establecimientos que contaban con dispositivos de control a través de vídeo. La mayoría lo usaban con fines meramente preventivos y pedagógicos, para sensibilizar a los operarios que trabajaban en contacto con los animales.

Noticias relacionadas

Posteriormente, en 2021, el ministerio francés de Agricultura aprobó un plan centrado en el control. Se pusieron en marcha inspecciones coordinadas, para valorar aspectos concretos de las prácticas de los mataderos, y por sorpresa. El objetivo era contar con un informe exhaustivo de eventuales irregularidades y obligar luego al negocio a corregirlas para ajustarse a la ley.

A tal efecto, se creó un cuerpo nacional de inspección de mataderos formado por profesionales experimentados y preparados para intervenir en cualquier punto del país, tanto a petición de las autoridades locales como del Ministerio de Agricultura. Para modernizar el sector, el Gobierno aprobó un paquete de ayudas por valor de 115 millones de euros. Unos 200 mataderos iniciaron obras para mejorar la salud animal.