El sector cárnico confía en que el Gobierno habilite ayudas para la instalación de cámaras en mataderos

El real decreto ley por el que el Gobierno obligará a los mataderos, independientemente de su tamaño, a instalar cámaras para vigilar el trato que reciben los animales ha sido bien recibido dentro de la industria. Representantes de los sectores cárnico y ganadero aseguran a El Periódico de España que valoran el “impacto positivo” que tendrá la medida, tanto en el trato que reciben los animales como en la imagen de la industria, y anticipan que el precio de la carne no se verá afectado por la nueva regla, debido al bajo coste que calculan que supondrá la instalación.

“Es una medida que, sinceramente, vemos con buenos ojos. Y no solo porque seamos unos de los impulsores, sino porque de verdad creemos que va a ayudar a luchar contra esos episodios esporádicos de mala praxis que se han visto en los medios. Son muy dañinos para un sector que está muy comprometido con el tema”, explican a este periódico fuentes de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE).

Hasta ahora, reconocen desde el sector, la instalación de cámaras de vigilancia se llevaba a cabo por temas de control de calidad, pero ahora, con el real decreto que ha aprobado el Gobierno, también se van a utilizar para revisar las condiciones en las que se encuentran los animales durante todo el proceso.

En las explotaciones más grandes, recuerdan desde ANICE, la instalación de cámaras de vigilancia ya es una realidad bastante extendida, por lo que valoran de manera positiva que se le haya dado a las más pequeñas dos años de plazo desde la publicación del real decreto en el BOE para ponerse al día con los nuevos requisitos de la regulación.

“Es un proceso que aporta transparencia y que garantiza la trazabilidad de la carne, y eso no cabe la menor duda de que es un paso importante para el bienestar de los animales pero también para que los consumidores puedan estar un poco más tranquilos acerca del proceso”, asegura a El Periódico de España Román Santalla, secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

El material recogido por estas cámaras, que en España deberá ser almacenado durante 30 días frente a los 90 que se exigen en Inglaterra, por ejemplo, deberá estar a disposición tanto del veterinario de las instalaciones como de cualquier eventual inspección. Unos controles que son precisamente el principal punto ciego que han denunciado las asociaciones animalistas inglesas en su legislación y que, en el caso español, se llevarán a cabo “por parte del operador del matadero”.

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En el caso del coste de la instalación, Santalla asegura que es asumible y por tanto que no prevé que tenga una repercusión directa en el precio de la carne. En su caso, por ejemplo, la instalación de 16 cámaras le supuso una inversión de alrededor de 6.000 euros.

“Es una cantidad que no le va a quitar el sueño a nadie, pero deberían habilitar alguna línea de ayudas para que esto no nos afecte. Es algo que va en beneficio de todos —animales, consumidores y productores—, y creo que no nos pueden trasladar a nosotros toda la responsabilidad”, apunta el representante de la asociación de pequeños ganaderos.