El Gobierno deja la nueva financiación para después de las autonómicas

En la recta final de la legislatura, el Gobierno parece haber decidido abrir el melón de la reforma de la financiación autonómica, insistentemente reclamada por las autonomías peor financiadas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer en una entrevista con Efe que remitirá después del verano a las comunidades una nueva propuesta de financiación vinculada al criterio de población ajustada. Se trata del cálculo que se pretende hacer de cada territorio ponderando sus necesidades según determinados criterios, como la población envejecida o la dispersión de la población. 

No obstante, advirtió que la reforma debe tener un elevado consenso -en referencia al apoyo del PP- y que "lo haremos una vez que se revaliden los resultados electorales en 2023 para que tengan las administraciones territoriales las garantías". Además, sobre la creación de un fondo transitorio para compensar a las comunidades infrafinanciadas, como reclaman Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, la ministra consideró que la cercanía de las elecciones autonómicas también aleja el consenso.

Estos plazos suponen un auténtico mazazo para barones socialistas como el valenciano Ximo Puig, que aspiraba a encarrilar este punto -del que tanto él como la propia oposición del PP y entidades como la patronal han hecho asunto crucial- antes de esa cita.

Montero lamentaba en sus declaraciones a Efe que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) las posiciones entre comunidades siguieran enfrentadas a la hora de encontrar una fórmula para financiar las autonomías según la población ajustada y criticó que las autonomías gobernadas por el PP den incluso respuestas desiguales. Sin embargo, esas diferencias también se producen entre las comunidades gobernadas por el PSOE.

Reclamación transversal

De hecho, la reforma de la financiación autonómica es una cuestión transversal que se dirime más en función del territorio que del color político de los gobernantes. Así, por ejemplo, el socialista Puig ha trabado una firme alianza con el presidente andaluz, Juanma Moreno, del PP, en defensa de una modificación que tenga más en cuenta el criterio de la población. Ambas comunidades figuran entre las más desfavorecidas en el actual reparto de fondos.

En el extremo opuesto -en defensa del actual reparto que tiene especialmente en cuenta la dispersión territorial más que el número total de habitantes- las llamadas comunidades del noroeste han configura su propia alianza territorial, liderada por Asturias -presidida por el socialista Adrián Barbón- y Galicia-gobernada hasta hace unas semanas por el nuevo presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El discurso de este último se ha modulado desde su salto a la política nacional, aunque mantiene una calculada ambigüedad. En una reciente visita a la Comunidad Valenciana reconoció que ésta es la peor financiada de toda España, pero sin llegar a defender un cambio de sistema.

Esta diferencia de criterios entre territorios más que entre partidos quedó ayer en evidencia con las pocas reacciones que se produjeron tras el anuncio de la ministra Montero. Así, el consejero de Hacienda valenciano, Arcadi España, valoró positivamente la reforma vinculada a la población ajustada porque permite "avanzar en el proceso" y se aproxima bastante a las tesis defendidas por su Ejecutivo. Apostó por la solidaridad "entre todos" y por ser conscientes de que no solo se trata de territorios, sino de "igualdad entre españoles y españolas".

Sin embargo, la respuesta de su correligionario socialista y presidente de Asturias, Adrián Barbón, fue bastante más fría. Aseguró que su postura "no cambiará", "pensando exclusivamente en los intereses de Asturias". "Cuando estoy de acuerdo con las políticas del Gobierno central, que es del mismo signo que yo, las reivindico y las defiendo. Cuando discrepo porque son injustas o no suponen un avance para Asturias también me planto y lo digo", advirtió.

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Desde Madrid, el vicepresidente Enrique Ossorio señaló que los criterios de dispersión y envejecimiento de la nueva propuesta del Gobierno sobre financiación autonómica ya se tenían en cuenta en el sistema en vigor desde 2009, por lo que cree que algunos criterios están "sobreponderados". Admitió que el criterio de población es el "más importante" pero hay que atemperarlo al envejecimiento, y que también influye la dispersión pero está contenida en el "actual sistema".

Desconfianza

El vicesecretario de Economía del PP, el andaluz Juan Bravo, expresó ayer mismo su desconfianza sobre la nueva propuesta. En declaraciones a RNE señaló que podría ser "un mensaje fantástico", si no fuera porque en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se anunció que no iba a haber un nuevo modelo, porque "las comunidades autónomas no se ponían de acuerdo". Aseguró que la reforma del modelo "sería una buena noticia", porque "es necesaria para comunidades como Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha o, incluso, Andalucía, pero la realidad no apunta a eso".