Turismo

El Gobierno exigirá a los turistas británicos que acrediten un gasto diario de 100 euros en la Costa Blanca

  • El Ejecutivo aplicará la misma medida que a los viajeros no comunitarios

  • El sector reacciona con tranquilidad y piensa que servirá para luchar contra el intrusismo

Bañistas en la playa de Poniente de Benidorm esta semana.

Bañistas en la playa de Poniente de Benidorm esta semana. / DAVID REVENGA

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Redacción

Un gasto mínimo y demostrar dónde y cómo se alojarán en la Costa Blanca. La prensa británica y varios turoperadores han lanzado una campaña para denunciar la decisión del Gobierno español de aplicar, a partir de ahora a los turistas ingleses, la misma política fronteriza que rige para todos los viajeros que llegan a España desde el denominado espacio 'No Schengen'.

Demostrar que al dividir el coste del viaje el gasto es superior a los cien euros diarios, enseñar el contrato del hotel o del apartamento, o en el caso de declarar que vienen invitados por un amigo demostrarlo. La elección del viajero al que se le parará para reclamarme esta información es aleatoria. Una medida bien recibida por el sector, no ya por la posible reacción negativa al turismo inglés, sino porque de alguna manera ayuda a luchar contra el intrusismo en el sector, sobre todo las miles de plazas que siguen comercializándose al margen del control de la Administración. Eso sí, Turquía y Túnez no exigen ninguna medida.

Una media que, según los medios británicos, podrían frenar la llegada de turistas. El Foreign Office británico ha anunciado, en este sentido, que en la frontera española es posible que tenga que mostrar el billete de avión de regreso, demostrar que dispone de suficiente dinero para su estancia, mostrar prueba de alojamiento, o la dirección en la que va a residir o una invitación de parte de algún amigo y prueba de su dirección. El Gobierno británico asegura que el Ejecutivo no ha clarificado si una carta de invitación para visitar España es una opción de lo que se puede exigir, según recoge Preferente.es.

En definitiva, lo único que hace el Gobierno es aplicar la misma política que, por ejemplo, a los suizos pero con la particularidad de que el mercado turístico de Gran Bretaña lo forman 4 millones de personas. La patronal hotelera sostiene que no tendrá mucha repercusión.

Los británicos deberán acreditar en el aeropuerto de Alicante-Elche, si son requeridos para ello por los funcionarios encargados de efectuar el control de entrada de personas en territorio español, que disponen de recursos económicos, en la cuantía que, con el carácter de mínima, se indica a continuación:

“Para su sostenimiento, durante su estancia en España, la cantidad a acreditar deberá alcanzar una cantidad que represente en euros el 10% del salario mínimo interprofesional bruto o su equivalente legal en moneda extranjera multiplicada por el número de días que pretendan permanecer en España y por el número de personas que viajen a su cargo. Dicha cantidad será, en todo caso, de un mínimo que represente el 90% del salario mínimo interprofesional bruto vigente en cada momento o su equivalente legal en moneda extranjera por persona, con independencia del tiempo de estancia previsto”. según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores.

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“El tiempo de estancia a tener en cuenta para calcular la cantidad económica exigida será el número de días resultantes desde la fecha de entrada en España hasta la fecha de salida que figure en el billete referido en la letra "b" de este apartado, ambas fechas incluidas. Actualmente, la cantidad mínima a acreditar es de 100 euros por persona y día, con un mínimo de 900 euros o su equivalente legal en moneda extranjera (con efectos desde el pasado 1 de enero de 2022)".

En total, en la provincia hay 300 hoteles censados más de un tercio en Benidorm- con unas 80.000 plazas, a las que hay que sumar las 30.000 plazas que ofertan los campings, las 2.000 de los alojamientos rurales y las 120.000 de los apartamentos turísticos declarados. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta importante infraestructura, casi tres cuartas partes de las pernoctaciones registradas se dan en alojamientos no reglados. No en vano, el 25,6% de todo el parque de viviendas de la provincia son segundas residencias, unas doscientas mil plazas adicionales.