Los datos que respaldan a España para negarse a cortar el gas como pide Bruselas

España se planta y se prepara para otra batalla en Bruselas a cuenta de cómo afrontar la crisis energética. El Gobierno rechaza de plano el plan de la Comisión Europea de recortar el consumo de gas en todos los estados miembros por igual si Rusia ejecuta su amenaza de cortar el suministro sin tener en cuenta la dependencia del gas ruso de cada país y, además, de proponerlo sin haber consultado antes a los gobiernos nacionales.

La Comisión Europea plantea que todos los países reduzcan hasta el próximo marzo de manera voluntaria un 15% su consumo de gas en (un 10% para países como España con pocas conexiones o que estén proporcionado ya gas a otros estados miembros), pero el racionamiento sería obligatorio para todos en caso de Rusia decida cortar el suministro de gas Europa de manera brusca y total. Un café para todos que el Ejecutivo de Sánchez rechaza por completo.

“Pase lo que pase, las familias españolas no sufrirán cortes de gas ni luz. Pase lo que pase, España va a defender a su industria", sentenció la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa en que este miércoles escenificó el pulso que prepara el Gobierno para que no salga adelante una propuesta que España no considera “ni justa ni eficiente”, ya que pretende imponer reducciones del consumo lineales, con independencia de la dependencia del gas ruso de cada país y de la capacidad de cada estado para garantizar su seguridad de suministro incluso si Vladímir Putin decide cerrar el grifo.

Hacer los deberes

Desde el Gobierno y el propio sector energético e industrial español se subraya que, incluso si Putin cumple su amenaza y corta la llegada de gas a Europa, para España no hay riesgo de seguridad de suministro gracias a la baja dependencia del gas ruso y por la diversificación de los países de origen de las importaciones gasistas.

Además, España se está adelantando a sus vecinos europeos y está haciendo un esfuerzo para llenar sus almacenes de gas incluso por encima del ritmo que pide Bruselas (ya cuenta con reservas para cubrir el consumo de 40 días completos, con en torno a un 80% de su capacidad, frente al 50% del resto de la UE). “España está en una situación insólita. España ha hecho los deberes”, sentenció la vicepresidenta.

“Somos solidarios, pero no se nos puede pedir sacrificios desproporcionados”, advirtió Ribera, ya que, “a diferencia de otros países, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en materia energética”, en clara referencia al reproche que los países del norte hacían a los del sur en plena crisis financiera.

España hizo hace dos décadas una apuesta estratégica por desplegar un enorme parque de plantas regasificadoras para blindarse ante el problema que supone el bajo nivel de interconexión con Europa. Inversiones milmillonarias que entonces fueron criticadas como un exceso y un despilfarro, y que hoy se está demostrando como crucial por convertirse en un escudo frente a los riesgos de suministro. Inversiones milmillonarias que han financiado todos los consumidores españoles -hogares y empresas- en su factura de gas durante los últimos años.

Diferente riesgo, diferente esfuerzo

España cuenta con una situación privilegiada por su baja exposición a la compra de gas ruso -en torno a un 9% del total de importaciones- y por contar con seis plantas regasificadoras controladas por Enagás en las que se concentra un 34% de la capacidad de regasificación de toda la UE y un 44% del potencial de almacenamiento comunitario de gas natural licuado (GNL), el que viene en barco. Es por ello que el Gobierno rechaza que se pretenda aplicar a todos los países europeos el mismo recorte de consumo de gas sea cual sea la dependencia del gas ruso y la capacidad de cada país para asegurar su suministro en caso de emergencia.

Desde el Gobierno se enarbola un informe del laboratorio de ideas Bruegel, de referencia en Bruselas, para justificar con cifras concretas su decisión de plantarse de cara al Consejo Europeo de Ministros de Energía del próximo martes. El expertos del think tank han elaborado un modelo basado en la dependencia del gas ruso en los últimos meses y el nivel actual de reservas almacenadas para determinar las necesidades de cada país de la UE de recortar su consumo de gas en caso que Rusia corte el suministro.

Durante los últimos años, Europa ha comprado cerca de un 40% de todo el gas que consume a Rusia. Pero ahora, en pleno choque por la invasión militar de Ucrania, ha conseguido reducirlo a cierre de junio hasta el 20% buscando otros países proveedores. La Unión Europea ya tiene difícil seguir con el proceso de sustitución, así que para reducir su dependencia del gas ruso ahora tocaría reducir el consumo. El resultado del estudio del think tank es que el conjunto de la UE tendría que reducir de media un 15% su consumo de gas (la misma proporción que establece la Comisión en su plan), pero con esfuerzos muy diferentes en cada país.

Las estimaciones de Bruegel contemplan que, efectivamente, un bloque de países integrado por España, Portugal y Francia no vería afectado su suministro y no tendría que reducir su consumo incluso si Putin corta por completo la venta de gas. El recorte en el caso de España sería cero. Sin embargo, el grupo de países bálticos (Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia) tendría que reducir su consumo un 54%; estados como Bulgaria, Grecia, Hungría, Croacia o Serbia se verían obligados a recortarlo un 49%; Alemania tendría que ajustarse también el cinturón con un recorte del 29%; y países centroeuropeos como Austria, Chequia o Eslovaquia, tendrían que ajustar la demanda un 27%. A diferente riesgo y diferente exposición al gas ruso, muy diferente esfuerzo para protegerse.

Según se destacaba la vicepresidenta Ribera, algunos países tienen que afrontar el “chantaje energético” de Putin con “mucha dependencia del gas ruso”, con “poca diversificación de proveedores” y con “poca infraestructura” para impulsar esa deseada flexibilidad ya sea con pocas conexiones por gasoducto con otros países de la UE o por no tener plantas de regasificación para recibir suficiente gas por barco.

Sobreesfuerzo de la industria española

Antes de conocerse oficialmente la propuesta formal de Bruselas, los borradores del plan que corrían en días previos ya había hecho saltar las alarmas en la gran industria española. Una decena de patronales de diferentes sectores se unieron para reclamar al Gobierno que se opusiera con firmeza a los recortes de consumo lineales para todos los países miembros que plantea la Comisión. Un llamamiento al que ha respondido el Ejecutivo.

“Los consumidores de gas españoles, domésticos e industriales, vienen financiando desde hace años una gran inversión en infraestructuras de gas, precisamente para reducir el riesgo de dependencia de un solo país suministrador”, subrayan desde la Alianza por la Competitividad de la Industria, que agrupa a una decena de patronales industriales. “Este incremento de costes lo hemos asumido para limitar nuestra exposición a cortes de suministro, siendo incoherente que se pueda decidir por parte de la propia Comisión Europea que paremos nuestras fábricas y se genere gratuitamente una caída de actividad y empleo”.

Las particularidades del mercado español, además, conllevarían un doble golpe para la industria en caso de que se aplique el racionamiento que quiere Bruselas. Y es que en España el consumo de gas por parte de los hogares o en los edificios de oficinas es más reducido que en otros países europeos, por lo que el recorte que plantea la Comisión implicaría un sobreesfuerzo aún mayor que en otros países precisamente para la industria y los sectores productivos.

“Debemos hacer un esfuerzo en ahorro y eficiencia energética, pero no en unas dimensiones que serían negativas para nuestra industria, que lleva mucho tiempo pagando mucho para tener esas infraestructuras", ha insistido este jueves la vicepresidenta Ribera en una entrevista con la Cadena SER. "El esquema que propone la Comisión supone un esfuerzo sobredimensionado para España”.

La solidaridad ya en marcha

Desde el Gobierno español se defiende que el país ya está adoptando medidas para activar la solidaridad con sus socios europeos en plena crisis energética. Según las cifras del Ministerio para la Transición Ecológica, España el mes pasado ya reexportó el 20% de todo el gas que llegó al país, ya fuera mediante los gasoductos con Francia, utilizando buques metaneros o también en forma de electricidad (ya que la energía eléctrica que se está enviando a Francia para paliar sus problemas por el parón de sus nucleares se está produciendo en España utilizando centrales de gas).

España tiene capacidad para elevar aún más la reexportación de gas a Europa en caso de ser necesario. Según las cifras que maneja Enagás, el sistema gasista español puede exportar al continente 7 millones de metros cúbicos de gas (7 bcm) al año a través de los dos gasoductos con Francia y actualmente también tiene capacidad para mandar otros 4 bcm por barco desde las plantas de regasificación. Pero si se ponen las regasificadoras a máximo rendimiento, se pueden sumar casi otros 10 bcm adicionales y elevar la cantidad redigirida a otros países europeos hasta los 20 bcm cada año (aproximadamente un 13% del volumen de gas que compra Europa a Rusia). Además, en los próximos meses se activará la planta asturiana de El Musel, hasta ahora inactiva, para utilizarla como almacén logístico de reexportación, lo que podría elevar en otros 8 bcm la capacidad española de envío de gas a Europa.

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La inseguridad política que atenaza a España

Desde el sector energético español se advierte de que la aplicación en España de la reducción de consumo de gas que plantea Bruselas no tendría un impacto beneficioso para el resto de socios europeos. Las compañías energéticas apuntan que el sector puede elevar sus reexportaciones sin necesidad de aplicar racionamiento en el consumo en el mercado español y, además, ponen en duda la capacidad de gran parte de estados de la UE de recibir mayores cantidades de gas por barco por su reducida planta de regasificadoras.

“La propuesta de la Comisión Europea es un punto de partida, no es el punto de llegada. Vamos a defender el respeto que nos merecemos los españoles y la industria española”, advirtió Ribera, defendiendo que se abra un diálogo entre Bruselas y todos los países de la UE para abordar cómo ejecutar los planes de contingencia frente al pulso de Putin. “Nos resistiremos a las imposiciones que están por encima de los esfuerzos que se piden a otros socios europeos.  “Vamos a defender el respeto que nos merecemos los españoles y la industria española (…) Hay que tener un debate honesto, no imponer soluciones que no nos parecen justas ni eficientes”.