DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

Las energéticas niegan tener los beneficios extra que el Gobierno pretende gravar

  • Sánchez confirma un nuevo tributo para eléctricas, gasistas y petroleras por sus ganancias extraordinarias durante la crisis con el objetivo de recaudar 4.000 millones en dos años.

  • Los grupos se quejan del anuncio del Gobierno de un nuevo impuesto sin aclarar cuál es la base imponible que se gravará y cómo afectará a cada compañía. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas. / Moncloa | Fernando Calvo

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El Gobierno prepara un nuevo impuesto temporal a los grandes grupos energéticos para financiar las medidas adoptadas para paliar el impacto de la espiral inflacionistas sobre hogares y empresas. Según confirmó el presidente Pedro Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación, el plan del pasa por crear un nuevo tributo para gravar los beneficios extraordinarios, que según subraya el Ejecutivo, están obteniendo por eléctricas, gasistas y petroleras por la espiral de subidas de precios en plena crisis energética.

El objetivo del Gobierno es aplicar el nuevo gravamen sólo a las grandes energéticas, las que tienen una facturación superior a los 1.000 millones de euros al año, y prevé recaudar un total de 4.000 millones de euros (a razón de 2.000 millones en cada uno de los ejercicios en que estará vigente el impuesto sobre los beneficios de 2022 y 2023). Entre las empresas que se verían sujetas al nuevo impuesto estarían los principales grupos energéticos, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Repsol, Cepsa o BP España.

Las grandes energéticas se quejan de las formas del Gobierno, que ha anunciado un nuevo impuesto sin aclarar las condiciones del nuevo gravamen, del tipo impositivo que se aplicará, de la base imponible concreta que se utilizará para calcular esos beneficios extra y cuánto acabará afectando a cada compañía. “Se anuncia un impuesto, que recaudará 4.000 millones y no sabemos más. No es de recibo”, se quejan desde una de las grandes energéticas, que destaca las diferentes características de los negocios eléctrico, gasista y petrolero como para aplicar un mismo tipo de tributo a todas las actividades.

De momento, y a la espera de conocer esos detalles, los diferentes sectores energéticos a los que afectará el impuesto que prepara el Gobierno se lanzan directamente a negar la existencia de esos beneficios extraordinarios que se pretenden gravar a partir del próximo año

Control a las eléctricas

“No sólo no hay beneficios extraordinarios, además la crisis actual está reduciendo los resultados de las empresas eléctricas”, subrayan desde Aelec, la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, apuntando la enorme batería de medidas que se han venido aplicando durante el último año para contener la subida de precios eléctricos, incluido un control de los precios fijados en los contratos firmados por las compañías para evitar precisamente esos beneficios extra aprovechando la subida de precios.

Las eléctricas llevan insistiendo durante los últimos meses en negar la existencia de los beneficios millonarios que el Gobierno dice querer recortar, ya que tienen vendida toda su producción de electricidad con mucha antelación y a precios muy inferiores a los que marca el mercado eléctrico y, por ello, no se están beneficiando de las subidas.

Pero el Gobierno les exige demostrarlo de manera fehaciente y desde hace meses les obliga a desvelar datos de miles de contratos sobre los precios a los que venden su producción, y si están suscritos por encima de un precio máximo fijado (de 67 euros por megavatio hora, MWh) tienen que devolver la diferencia.

Un control que es más exhaustivo en el caso de las grandes eléctricas, vigilando los contratos entre filiales de la misma corporación y estudiando el precio que cobran al cliente final por si ocultan esos beneficios extraordinarios en el último eslabón de la cadena de valor. Este tipo de medidas de momento no se han venido aplicando a gasistas y petroleras, que también se verán afectadas por el nuevo impuesto anunciado por Sánchez.

Las grandes eléctricas como Iberdrola o Endesa cuentan con planes estratégicos para los próximos años que anticipan mejoras de beneficios cada año, que las eléctricas achacan al esfuerzo de inversiones milmillonarias que realizarán para acelerar el despliegue de renovables y la mejora de sus redes, y a pesar del deterioro de su actividad de comercialización de luz en el mercado español.

Petroleras y ganancias cíclicas

“No creemos que se pueda hablar de beneficios extraordinarios en el caso del sector petrolero”, subrayan desde la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), que integra a los grandes grupos como Repsol, Cepsa, BP, Galp o Eni. “En este sector las ganancias son cíclicas. No hay que olvidar las pérdidas de 2020 de miles de millones de las compañías que operan en el mercado español”.

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Tras el desplome durante lo peor de la pandemia por el parón del negocio, las grandes petroleras ahora sí están disparando las ganancias por la subida de los precios del petróleo. “No tenemos beneficios extraordinarios y desde luego no nos caen del cielo”, subraya un directivo de una de los operadores petrolíferos del país. “El del petróleo es un sector global que depende del ciclo económico. Cuando tuvimos pérdidas extraordinarias no recibimos ayudas extraordinarias”, sentencia.

Desde el sector se defiende que esos beneficios son los que permiten realizar las grandes inversiones que se están efectuando para garantizar el suministro en plena crisis energética y para impulsar la descarbonización. “En este sector las inversiones se hacen a riesgo, sin una tarifa regulada que garantice la rentabilidad del negocio. Gracias a esas inversiones en España gozamos de una alta seguridad de suministro en un contexto muy complicado para otros pa´sies que no hicieron la apuesta que hicieron las empresas en España por tener sus plantas de refino”, señalan desde la patronal de las petroleras.