Bancos, fondos y estados extranjeros: ¿quiénes son los dueños de las grandes energéticas españolas?

El Gobierno francés se ha propuesto combatir los efectos de la crisis energética con más capitalismo de Estado. El anuncio, esta semana, de la intención del Estado francés de tomar el control absoluto del gigante eléctrico EDF y asumir el 100% de sus acciones ha reabierto el debate sobre el papel de lo público y las diferentes vías de intervencionismo directo para controlar los mercados energéticos y los grupos empresariales del sector en plena emergencia agudizada por la guerra de Putin.

“Necesitamos tener el control pleno de nuestra producción de electricidad”, proclamó la primera ministra gala, Elisabeth Borne, defendiendo la nacionalización total de EDF para “garantizar nuestra soberanía ante las consecuencias de la guerra y los desafíos colosales que se avecinan”. Aunque el movimiento sea consecuencia del escenario de crisis de precios y del riesgo de la seguridad de suministro en plena la guerra en Ucrania, el caso francés y, en concreto, el de EDF son más que particulares.

El Estado francés ya controla casi un 84% del capital del grupo energético y la anunciada intención de convertirse en accionista único servirá para dar salida a los accionistas minoritarios de un grupo en aprietos financieros y operativos que amenazan con poner en jaque todo el sistema eléctrico galo. Un movimiento que puede equipararse con un rescate público de la compañía.

Más de la mitad de los 56 reactores nucleares del país han tenido que parar en las últimas semanas por problemas de seguridad y la compañía arrastra una deuda de 43.000 millones, el Gobierno francés quiere tomar el control total del grupo para emprender un enorme programa de inversiones para solucionar la situación de problemas de diseño y desgaste de los materiales de los reactores, y para construir nuevas centrales nucleares utilizando la compañía que hoy tiene un dominio casi total de la producción eléctrica del país.

España dice no a nacionalizar

En España el debate sobre la nacionalización de grupos energéticos o la eventual creación de una eléctrica pública se ha retomado de manera intermitente en los últimos años por la presión de Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno de coalición. El pasado febrero el Congreso tumbó una proposición de ley de la formación morada para crear un grupo energético público, con los votos en contra también del PSOE. Los pesos pesados económicos del Gobierno, con las dos vicepresidentas socialistas a la cabeza (Nadia Calviño y Teresa Ribera), niegan la utilidad de tener una eléctrica pública y descartan emular la nacionalización emprendida en Francia.

“Es prácticamente imposible que un movimiento parecido pueda tener lugar en ningún estado miembro de la Unión Europea”, subrayó este viernes la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Lo cierto es que el Gobierno alemán, donde el Estado no tiene presencia en los grandes grupos energéticos, se dispone a rescatar a la gasista Uniper -golpeada por los precios desorbitados del gas y controlada por la finlandesa Fortum- en una operación que previsiblemente supondrá su entrada en el capital con una participación pública de hasta el 25% y realizando una inyección milmillonaria. Y en otros países europeos la presencia estatal en los accionariados de las energéticas es común: el Estado francés no sólo cuenta ya con el 84% de EDF, también controla casi un 24% de Engie, y el Estado italiano es el socio de control de Enel, la mayor energética del país, con una participación del 23%.

De Italia a Qatar

En el caso de los grandes grupos energéticos españoles -algunos herederos de las antiguas corporaciones públicas que se privatizaron en los noventa-, entre los socios principales de sus accionariados no figura el Estado español y pero sí los brazos inversores de otros estados extranjeros, amén de grandes fondos de inversiones y entidades financieras. Antigua eléctrica estatal y privatizada por fases entre los ochenta y los noventa, Endesa tiene hoy como matriz, con un 70% del capital, a la italiana Enel, controlada por el Gobierno transalpino.

Iberdrola, la mayor eléctrica española y una de las principales europeas, tiene como mayor accionista a Qatar Investment Authority (QIA), fondo soberano del estado catarí, con una participación del 8,7%. Y sus otros dos grandes accionistas son Blackrock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, con un 5,25%, y Norges Bank, instrumento inversor público noruego y uno de los instrumentos de inversión del país, con un 3,36%, según las participaciones comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Naturgy cuenta con un núcleo duro liderado por CriteriaCaixa, matriz de CaixaBank y con un 26,7% del capital, y en el que también se integran los fondos de inversión CVC (20,7%) y GIP (20,6%), y al que acompaña desde hace unos meses el fondo IFM (13,4%). Entre los accionistas estables del grupo energético comandado por Francisco Reynés también se encuentra Sonatrach, el gigante argelino también de titularidad estatal, con un 4,1%.

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Repsol, petrolera reconvertida en grupo multienergía tras su entrada y expansión en el negocio eléctrico, tiene como principales accionistas a fondos de inversión gestionados por Blackrock (casi un 5,5%) y Amundi, controlada por la francesa Crédit Agricole (3,2%). Cepsa, su gran rival, está controlada por el fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, con un 60%, y en su accionariado también se encuentra el fondo Carlye, con un 40%.

Sí hay participación directa del Estado español en Redeia (antiguo Grupo Red Eléctrica) y en Enagás a través del holding público SEPI, que cuenta, respectivamente, con paquetes del 20% y del 5% en los gestores de los sistemas eléctrico y gasista y que controlan las grandes redes de transporte de luz y gas del país. En ambos grupos el Gobierno ejerce un papel de control más o menos directo por su condición de corporaciones estratégicas para el funcionamiento mismo de los sistemas energéticos nacionales.