Cumbre en Bruselas para impulsar el plan de España y Portugal para bajar la luz

España y Portugal negocian con la Comisión Europea un plan especial, diferenciado al del resto de países de la Unión Europea, para poder bajar el precio de la luz. Después de que los Veintisiete aceptaran que ambos países pudieran tomar medidas distintas para combatir la escalada de precios, los Gobiernos ibéricos presentaron a Bruselas una propuesta con un tope del precio del gas que se utiliza para producir electricidad de 30 euros por megavatio hora (MWh) hasta final de año para conseguir bajar el precio de la luz.

Las negociaciones se encuentran en un momento clave en que la Comisión Europea debe decidir ya si da vía libre al plan ibérico, y con Madrid y Lisboa tratando de vencer las dudas de Bruselas sobre si el límite de 30 euros por MWh para el gas es demasiado bajo para provocar una distorsión elevada en el mercado eléctrico y si la intención de aplicar una doble cotización para vender la electricidad a Francia a un precio más alto se ajusta a la normativa comunitaria.

Y en este contexto este martes se celebrará una reunión de alto nivel para tratar de impulsar el plan. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro portugués de Medio Ambiente y Acción por el Clima, José Duarte Corteiro, viajarán a Bruselas para encontrarse cara a cara con la comisaria europea de Competencia y vicepresidenta de la Comisión Europea, según se recoge en la agenda oficial del Ejecutivo comunitario.

El objetivo que se habían marcado Madrid y Lisboa era tener aprobado y funcionando ese tope del precio del gas este mismo mes. Pero el Gobierno español reconoce que el nuevo objetivo es tenerlo activo ya en mayo mientras acerca posiciones y aclara las dudas de la Comisión Europea sobre cómo aplicar ese precio máximo al gas para bajar la electricidad.

Así lo reconoció la pasada semana la vicepresidenta Ribera, que admitía que la nueva aspiración es conseguir el ok de Bruselas y poder aplicar el precio máximo en las próximas semanas, pero no ya antes de que termine abril. Desde el Gobierno español se reconoce que hay “aspectos técnicos que todavía no están resueltos” en las negociaciones con la Comisión Europea del plan hispanoluso y se apunta también que los días festivos de Semana Santa han hecho que se ralenticen las conversaciones.

"La Comisión Europea quiere estar segura de que la propuesta sea lo mejor, lo más robusta posible", subrayó Ribera, que reconoció la posibilidad de que la propuesta de España y Portugal acabe sufriendo cambios. “Cuando uno va a un proceso de negociación en esas condiciones sabe que es muy posible que haya aspectos que sean modulados, que sean matizados (…) Las líneas maestras son las que son y, sobre esa base, es sobre lo que encontraremos el acuerdo final".

El plan ibérico

España y Portugal arrancaron el mes pasado de los socios de la UE un reconocimiento a la “excepción ibérica” y el permiso para que ambos países, que cuentan con un mercado eléctrico que en la práctica opera de manera conjunta, adopten medidas especiales para bajar los precios de la luz. Un trato especial por ser una “isla energética”, con más renovables que el resto de la UE, pero con menos interconexiones internacionales con el continente. El plan de Madrid y Lisboa pasa por establecer un límite máximo al precio del gas que se utiliza para producir electricidad. El objetivo es conseguir el precio de gas más bajo posible, pero que sea aceptable por la Comisión Europea para evitar una gran distorsión en relación al resto de países de la UE.

Además del tope de 30 euros por MWh al precio del gas en el mercado eléctrico, España y Portugal proponen un sistema de doble precio para que la electricidad que se venda a Francia a través de la interconexión internacional se haga al precio normal que marcaría el precio sin el tope al gas para evitar que se disparen las exportaciones al país vecino aprovechando la caída de la cotización en España. Asimismo, el plan ibérico contempla que la diferencia entre el coste real de producción de las centrales de gas y el precio ajustado que marque el mercado gracias al tope se cargue como un gasto más del sistema eléctrico, y lo asuman el resto de tecnologías de generación.

Presión de las eléctricas

Mientras se negocia con Bruselas, las grandes eléctricas y los bancos meten presión contra el plan de España y Portugal. Los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal -en cuyo accionariado participan los grandes grupos energéticos y bancarios españoles- se están movilizando para alertar de los “importantes y relevantes impactos” en los mercados de futuros y de contratos a plazo en caso de limitar el precio del gas que se usa para generar

El Operador del Mercado Ibérico (OMIE) -en el que participan Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, EDP y también Santander, BBVA o BME- ha enviado cargos a los Gobiernos de España y Portugal, a los supervisores de bolsa de ambos países (CNMV y CMVM) y al comité técnico del MIBEL (en el que se integra la CNMC española) en la que denuncian el “fuerte riesgo regulatorio comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios”, informa Ep. “La ausencia de un régimen regulatorio claro, inequívoco e incuestionable de determinación del precio y con un periodo de aplicación limitado, provocaría una gran inseguridad y riesgo jurídico, en especial en lo que respecta a todos los contratos de derivados ya transaccionados".

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La Asociación de Representantes en el Mercado de Electricidad (Armie), que agrupa a una quincena de eléctricas medianas que se encargan de tramitar la venta de electricidad de terceros en el mercado, también ha remitido sendas cartas al Ministerio de Transición Ecológica y a la Comisión Europea alertando del impacto del plan ibérico.

Las compañías eléctricas y los representantes suelen cubren la volatilidad de los precios de la electricidad por medio de contratos de cobertura en los mercados de futuros. La distorsión de los precios del mercado mayorista con la aplicación del tope al gas y el posible establecimiento de una doble casación de precios (para el mercado español y para el francés) puede provocar un agujero millonario y un golpe en las cuentas de las compañías por la diferencia entre unas cotizaciones y otras.