Las grandes eléctricas impugnan sin éxito el recorte del Gobierno a parte de los ‘beneficios caídos del cielo’

Las grandes eléctricas han intentado, sin éxito, impugnar el recorte del Gobierno a los ‘beneficios caídos del cielo’ que reciben las centrales nucleares, hidráulicas y renovables por la subida del precio del gas natural. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha inadmitido los recursos presentados por Iberdrola, Naturgy y Repsol contra las facturas emitidas por Red Eléctrica para aplicar el gravamen.

Las tres eléctricas han presentado sendos “conflictos de gestión económica” ante el regulador al alegar, sin entrar a valorar la cuantía concreta a pagar, que la práctica de la minoración es contraria a la Constitución y al Derecho Europeo. Las compañías defienden que por más que el Gobierno aluda en la norma a un presunto exceso de retribución “no hay en absoluto una ganancia inmerecida por parte de las instalaciones no generadoras de gases de efecto invernadero ni ninguna disfunción en el sistema de retribución de la energía en el marco del mercado mayorista que justifique una intervención de los poderes públicos”.

Y aseguran que la aplicación de la minoración es contraria al “modelo marginalista y afecta al funcionamiento del propio mecanismo de formación de precios”. “Al calcularse la minoración mensualmente y no en tiempo real, se convierte en un coste variable directo que estas tecnologías han de internalizar, mientras que sus ingresos dependen del precio de casación de la subasta horaria del ‘pool’”, exponen las compañías. Por ello, piden que se les emita “una factura negativa o abono por el importe” de las facturas presentadas y que “no se vuelvan a practicar minoraciones”.

Pero la CNMC ha inadmitido el conflicto al considerar que ese “no es un procedimiento idóneo para perseguir la impugnación -siquiera indirecta o incidental- de una norma reglamentaria (ya sea de la propia CNMC o de cualquier otra Administración)”. “Este argumento es si cabe más evidente cuando lo que se pretende es la impugnación de una norma con rango de ley como sucede en el presente caso”, explica el regulador.

Es decir, el organismo que preside Cani Fernández concluye la inadmisión de las solicitudes al considerarlas carentes de fundamento jurídico y añade que Red Eléctrica se limita a aplicar el mecanismo diseñado por el Gobierno “y además lo hace de forma correcta”. La resolución agota la vía administrativa, pero las compañías pueden recurrir la decisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

Aval de la Comisión Europea

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Creado el 14 de septiembre, ante el elevado incremento de los precios del gas natural, este ‘impuesto’ pretende reducir de forma temporal los ingresos extraordinarios de algunas centrales de generación eléctrica por la disparatada subida de los precios del gas natural. La norma fue enmendada en dos ocasiones, una primera un mes después de su creación, para excluir de ella a aquellos contratos a precio fijo, después de las críticas de las eléctricas que alegaron que la mayor parte de su electricidad había sido vendida con contratos a plazo fijo; y una segunda hace unas semanas, cuando el Gobierno endureció la medida para extender el impuesto a aquellos contratos con un precio fijo por encima de los 67 euros por megavatio-hora (el equivalente a un precio de 20 euros megavatio-hora para el gas, que es el precio medio histórico de esta materia prima).

España ha recibido el aval de la Comisión Europea, que ha incluido esta norma en su 'toolbox' de medidas para hacer frente al alza de precios de la energía por la guerra de Ucrania (Repower EU) al recomendar a todos los estados miembros su creación. “La Unión Europea, el Consejo Europeo y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han dicho que existen beneficios caídos del cielo, no es que lo diga España o que nos lo inventemos, sino que es una evidencia”, aseguraban fuentes del Gobierno después de conocer la propuesta comunitaria.