CRIPTOMONEDAS

La Unión Europea se prepara para ser el primer ‘cripto-Sheriff’

Consejo, comisión y parlamento europeo entran este jueves en la fase final de la negociación para regular el sector

Monedas simbólicas de Bitcoin.

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El crecimiento exponencial de los criptoactivos en los últimos años ha ido cebando un problema potencial de imprevisible alcance a medida que estos productos captan más y más fondos. Su actividad, además, se desarrolla básicamente en un limbo legal, lo que deja totalmente desprotegidos a los pequeños ahorradores e inversores. Pero esa era de práctica total desregulación toca a su fin. Quizás quien lo haya expuesto de forma más gráfica es el europarlamentario conservador alemán Markus Ferber: "Los mercados de criptoactivos han sido como el Salvaje Oeste durante demasiado tiempo y necesitan un Sheriff europeo".

Las instituciones comunitarias, así, van a entrar esta semana en la fase final de la negociación para aprobar el Reglamento del Mercado de Criptoactivos (conocido como MiCA). Se trata de una norma pionera en el mundo, que va a regular por primera vez la actividad de buena parte de los emisores y proveedores de servicios de dicho sector en la UE. "Venimos de la ley de la selva y una parte de la industria y usuarios a la que no les gusta que se les regule se ha puesto de uñas con una agresividad brutal", explica Ernest Urtasun, europarlamentario de Catalunya en Comú.

La cámara comunitaria, precisamente, fijó hace unos días su posición respecto a la propuesta de reglamento que realizó la Comisión en septiembre de 2020, unos meses después de que el Consejo Europeo hiciera lo propio el pasado noviembre. El próximo jueves 31 de marzo está previsto que comience la fase conocida como 'trílogo' entre las tres instituciones, según ha podido saber ‘activos. De dicha negociación a tres bandas saldrá el texto definitivo del reglamento, que algunas fuentes esperan ver aprobado antes del verano.

Paralelamente, el parlamento también está negociando una reforma del reglamento europeo que regula la información que acompaña a las transferencias de fondos con la idea de aprobarla también antes del verano. El objetivo es que las plataformas de negociación de criptomonedas, como Binance o Coinbase, tengan que verificar la identidad de los usuarios que realizan transferencias entre ellas para luchar así contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y actividades criminales. 

Polémica votación

La negociación entre los grupos parlamentarios, en cualquier caso, no ha estado exenta de polémica. Los principales (PP europeo, socialdemócratas, verdes y liberales) pactaron en febrero la posición de la cámara respecto al proyecto de reglamento MiCA de la Comisión. Incluía proponer un aumento de las medidas de lucha contra el blanqueo y, sobre todo, encargar a Bruselas un desarrollo normativo posterior que fijase unos requisitos mínimos medioambientales a los criptoactivos. Los que no los cumplieran en 2025 no podrían ser negociados en la UE.

El alto consumo energético de esta industria es un motivo de creciente preocupación. La generación de nuevas unidades de bitcoin mediante la validación de sus transacciones (minería, en la jerga del sector) consume por sí sola más energía que países como Austria o Portugal. Las criptomonedas, de hecho, gastan tanta energía como todos los coches eléctricos del planeta juntos.

Pese a ello, el ponente de la propuesta del Parlamento, el conservador alemán Stefan Berger, decidió romper el acuerdo 48 horas antes de su votación y proponer una medida más suave: pedir a la Comisión que presente a los eurodiputados para enero de 2025 una propuesta legislativa que permita incluir en la taxonomía verde de la UE (una clasificación del grado de sostenibilidad medioambiental de cada tecnología o actividad) cualquier minería de criptoactivos que contribuya al cambio climático. "En Alemania, Berger sufrió una presión enorme y optó por la taxonomía, que funciona solo como una recomendación", lamenta Urtasun.

Trílogo clave

Conservadores y liberales, con la extrema derecha, lo sacaron adelante. Socialistas y verdes se abstuvieron en la votación del texto que recoge la postura oficial de la cámara. "El sector hizo una campaña muy activa en los días previos. No votamos en contra porque regular los criptoactivos es muy positivo, pero intentaremos volver a abrir el debate sobre la parte energética en el 'trílogo' 'y también reforzar la lucha sobre el blanqueo", adelanta el europarlamentario socialista Jonás Fernández.

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El reglamento hará que los emisores y proveedores de servicios de criptoactivos tengan que cumplir requisitos de transparencia de la información, funcionamiento y gobernanza interna, fondos propios y reserva de activos (para los llamadas criptomonedas estables) y protección de los consumidores, así como normas para evitar el abuso de mercado. Además, pasarán a estar supervisados por la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

Uno de los elementos a cerrar en el 'trílogo' es cuándo entrará en vigor el reglamento, que se lleva gestando desde 2018. La Comisión y el Parlamento proponen que, en general, sea a los 18 meses de su publicación en el boletín oficial, pero el Consejo quiere que sea a los 24 meses. Sea como fuere, parece que el Sheriff no llegará a la ciudad hasta 2024 o 2025.