CNMC
Competencia multa a Correos con 32,6 millones por dar descuentos a grandes clientes
La CNMC explica en una resolución que se trata de un "abuso de posición de dominio", prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el mercado de los servicios postales tradicionales
Oficina de correos
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 32,6 millones de euros a Correos por ofrecer descuentos "anticompetitivos" a grandes clientes empresariales que remiten envíos masivos, principalmente empresas de servicios bancarios y de seguros, comercializadoras de luz, agua, gas o telefonía, así como centros comerciales o supermercados.
Competencia explica en una resolución que se trata de un "abuso de posición de dominio", prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el mercado de los servicios postales tradicionales.
La conducta sancionada consistía en la aplicación de un sistema de descuentos 'exclusionarios' que, incentivando la fidelización de los grandes clientes empresariales, habría excluido o impedido la entrada al mercado de otros competidores de Correos, al menos desde el año 2015 hasta el año 2019.
El regulador se basa en el carácter condicional y retroactivo de los descuentos, la excesiva duración y concatenación de los contratos mediante sus prórrogas automáticas, la falta de transparencia en el cálculo de los descuentos y la aplicación de descuentos de forma no estandarizada, para determinar la condición de "abusivo".
Además, teniendo en cuenta que Correos es el operador dominante en el mercado, con cuotas de mercado superiores al 95% en algunos años, la CNMC ha acreditado que estos descuentos y su aplicación han tenido una afectación a la competencia en los términos establecidos por la jurisprudencia, lo que los lleva a constituir un abuso de posición de domino.
Se trata de una infracción calificada como "muy grave", contra la que no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse, no obstante, un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
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