España maniobra para sortear la etiqueta “verde” de Bruselas para nucleares y gas

El Gobierno español rechaza de plano la propuesta de la Comisión Europea de que las inversiones en energía nuclear y en gas natural pasen a ser consideradas como sostenibles. España es uno de los países con mayor firmeza se ha venido oponiendo públicamente a que se cuelgue la etiqueta de energía "verde" a nuclear y gas, y no sólo a las energías puramente renovables y limpias, singularmente eólica y solar.

A pesar de las críticas de varios estados miembros y de expertos, Bruselas confirmó esta semana la inclusión de nuclear y gas como energías verdes en su propuesta definitiva de taxonomía, un sistema de clasificación para que los inversores planifiquen la transición energética y orientar las inversiones hacia la sostenibilidad. La Comisión Europea argumenta que su apuesta es utilizar nucleares y gas natural como energías puente transitorias para avanzar en la descarbonización, y por ese les da el aval para apoyar sus inversiones.

El Gobierno español se opone a este tratamiento y maniobra para ignorar la propuesta de la Comisión Europea sorteando sus efectos. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, denuncia que la propuesta de Bruselas “no envía las señales adecuadas a la inversión en energía limpia, desde el momento en que otorga el mismo tratamiento al gas y la nuclear que a fuentes indiscutiblemente limpias, como la eólica o la solar”. Y la intención de España es emitir esas señales correctas por iniciativa propia.

El Gobierno advierte que la taxonomía que apruebe finalmente la Unión Europea no es de obligado cumplimiento y que los estados miembros pueden aplicar sus propios estándares más exigentes sobre sostenibilidad en sus inversiones. “Cabe la posibilidad de que el estándar de la UE se ve mejorado a nivel nacional por terceros países o incluso por sus estados miembros”, avisan desde el Ejecutivo español. Esto es, España puede acabar utilizando su propia taxonomía nacional en que las inversiones sostenibles dejen fuera a nuclear y gas, y se limiten a las energías renovables.

El Gobierno defiende el escenario ideal es que exista un estándar único para toda la UE, pero admite que es posible que los países apliquen diferentes clasificaciones si hay estados que mantienen su intención de contar con taxonomías más exigentes. El Ejecutivo pone de ejemplo que ya el año pasado el Tesoro utilizó la propuesta inicial de Bruselas sobre inversiones verdes, en las que no se incluía ni la nuclear ni el gas, para la emisión de bonos verdes. Una opción que podría mantenerse decida lo que decida finalmente la Unión Europea.

En una entrevista con Ràdio4, la vicepresidenta Teresa Ribera ha confirmado este viernes que su intención es mantener un “estándar más elevado” sea cual sea el que apruebe finalmente la Unión Europea, e incluso ha apuntado que estudia presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la decisión de la Comisión, adoptada en contra del criterio del Consejo.

El documento de la Comisión Europea de momento es una propuesta. El siguiente paso ahora será el examen por parte del Consejo Europeo y de la Eurocámara de la propuesta de Bruselas. Ambas instituciones tendrán cuatro meses de plazo para examinar el documento aunque podrán solicitar dos meses suplementarios para concluir su examen si necesitan más tiempo. Al tratarse de un acto delegado, ni el Parlamento Europeo ni los gobiernos podrán enmendar los planes de Bruselas aunque sí podrán tumbarlos. Para ello, sin embargo necesitan conseguir una mayoría muy amplia.

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En el caso del Consejo Europeo se necesita una mayoría de al menos el 72% de los estados miembros (al menos 20 de los 27 Estados miembros) que representen al 65% de la población se opongan. Una posibilidad más que complicada, dado que algunos países defienden incluir sólo la nuclear otros sólo el gas, pero no hay suficientes países que rechacen ambas energías a la vez, como España. En el caso del Parlamento europeo, se necesita una mayoría absoluta (353 eurodiputados) en el pleno para impedir que los planes de Bruselas se conviertan en legislación. Si ninguno de los colegisladores se opone el acto tras el periodo de control la ley entrará en vigor y será de aplicación.

Contra las pretensiones de Bruselas, España aboga “por una clasificación basada en la ciencia y la evidencia, útil y creíble” y desde el Gobierno se alerta de que la inclusión en la taxonomía verde de “energías más costosas y contaminantes, con largos plazos de amortización, puede distraer fondos e inversiones que podrían destinarse en la dirección correcta: las tecnologías renovables”.