La industria exige un erte especial para las fábricas que paran por el precio de luz

La gran industria se moviliza para arrancar al Gobierno medidas inmediatas para amortiguar el impacto que la espiral de subidas de los precios energéticos tiene en su rentabilidad y en su capacidad para competir con sus rivales europeos. Gigantes industriales llevan tiempo reclamando un aumento de las ayudas y bonificaciones para aliviar su factura eléctrica en un momento crítico y ahora también se lanzan a exigir medidas laborales específicas.

Grandes grupos industriales con un consumo intensivo de electricidad -para algunos la factura eléctrica representa el 50% y el 60% del total de sus costes- se han visto obligados incluso a parar la producción de sus factorías para evitar funcionar con pérdidas debido a los precios disparados de la energía, en máximos desde el verano. Ante esta situación, el sector reclama la creación de una nueva modalidad de erte que esté vinculada a la situación de los precios energéticos.

La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa a casi una treintena de grandes grupos industriales con presencia en España, pide que las empresas cuya producción esté comprometida por los elevados precios eléctricos y tengan que dejar de funcionar por los altos costes puedan acoger a parte de su plantilla a estos erte especiales, a través de los que los costes laborales se asumirían con presupuesto público.

La asociación en la que se integran gigantes como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos ha impulsado un manifiesto para que el Gobierno adopte medidas con carácter de urgencia. Un manifiesto al que se han adherido gobiernos autonómicos de diferente color político, como Asturias (PSOE), Galicia (PP), País Vasco (PNV y PSE) y Cantabria (PRC y PSOE); ayuntamientos como el de Avilés, en Asturias; sindicatos minoritarios como USO o SITAZ; cámaras de comercio o diferentes asociaciones empresariales de los sectores directamente afectados, como el de la siderurgia o el metal.

9.000 trabajadores industriales, en erte

Según el último dato de Seguridad Social, correspondiente a octubre, el número de trabajadores que permanecía en erte a final de ese mes era de 190.718; de ellos, 8.981 estaban encuadrados en las actividades industriales de mayor demanda energética.

El actual mecanismo de los erte, diseñado al comienzo de la pandemia, se ha ido renovando y modificando mediante sucesivas prórrogas y estará en vigor hasta el 28 de febrero; en ese momento debería ser sustituido por una nueva fórmula, pensada para la era post covid, que todavía se está negociando entre el Gobierno y los agentes sociales en el marco de la mesa de reforma del mercado de trabajo.

La normativa de los erte actualmente en vigor contempla exoneraciones a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social que se sitúan entre el 40% y el 100%, en función del motivo del expediente temporal de regulación de empleo, del tamaño de la empresa y de si imparte o no formación a los trabajadores afectados por la suspensión de actividad.

Presión a las eléctricas

Además de pedir la creación de un nuevo tipo de erte específico, la gran industria mete presión al Gobierno y a las eléctricas para conseguir soluciones para la situación crítica del sector. Desde AEGE se reclama que las eléctricas cumplan su compromiso de presentar a la industria ofertas competitivas, con contratos con precios anteriores a la actual espiral de subidas. Asimismo, los grupos industriales piden que las plantas de energías renovables que cuentan con una retribución garantizada (régimen Recore) aporten a partir del 1 de enero su producción eléctrica a un precio fijo para que la utilicen los grandes consumidores.

Noticias relacionadas

Expertos en geopolítica advierten del "desacoplamiento tecnológico" entre China y Occidente

La inflación se mantendrá estable aunque sujeta a riesgos en Estados Unidos, según el Libro Beige de la Fed

Los gigantes industriales también presionan al Gobierno para que elimine de manera definitiva el impuesto del 7% a la producción eléctrica (actualmente suspendido de manera temporal) y que amplíe las bonificaciones contempladas en el Estatuto de Consumidores Electrointensivos incluyendo una exención del 80% de los peajes de transporte eléctrico.

AEGE ve insuficientes las ayudas a su factura eléctrica recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Los PGE para el próximo año recogen una partida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 179 millones de euros para compensar los costes indirectos de los gases de efecto invernadero que soportan los grandes consumidores industriales y en una disposición adicional se contempla la posibilidad de ampliar esas ayudas, pero sin darlo por seguro y sin concretar cuánto. AEGE reclama al Gobierno elevar esas ayudas al menos hasta los 450 millones de euros en 2022, casi triplicando el importe contemplado hasta ahora.