REFORMA LABORAL

El Gobierno rectifica su propuesta de erte para suprimir las referencias al despido

El nuevo borrador del Ejecutivo propone sanciones de hasta 10.000 euros por cada contrato temporal realizado en fraude de ley

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, en el patio del Congreso. 

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, en el patio del Congreso.  / EFE

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La última reunión entre Gobierno, sindicatos y patronales sobre reforma laboral, que se ha celebrado este viernes, ha permitido a las partes examinar el último documento elaborado por el Gobierno, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que incluye dos novedades importantes: un replanteamiento del mecanismo de los nuevos erte postpandemia, y más severidad en las sanciones por los contratos temporales en fraude de ley.

En cuanto a los erte, el cambio se ha hecho sobre un aspecto que molestaba especialmente a los sindicatos: que las fórmulas de recolocación de trabajadores (el llamado mecanismo RED) contemplasen la posibilidad de que el proceso acabase en despido. En el nuevo documento se suprime ese escenario, que establecía que el FOGASA (el fondo público que paga los salarios a los trabajadores de empresas en quiebra) abonara una indemnización al trabajador que, después de cambiar de empresa gracias al mecanismo RED, acabase despedido por motivos no atribuibles al propio empleado.

Nuevas sanciones

En cuanto a las mayores penalizaciones por abuso de la temporalidad, el nuevo documento recoge dos añadidos a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social: se aumentan las sanciones previstas por el uso de contratos temporales en fraude de ley (se proponen multas de entre 1.000 y 10.000 euros, en vez de la horquilla actual entre 751 y 7.500 euros) y además se establece que la multa se aplicará por cada uno de los trabajadores afectados, y no como hasta ahora, que el fraude se considera una única infracción, al margen del número de personas perjudicadas.

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El borrador incluye también ajustes respecto a documentos anteriores en materia de contratos formativos. En cuanto al contratos de formación en alternancia (que combina trabajo y estudios), se fija un límite de edad para poder suscribirlo: el trabajador tendrá que tener 30 años o menos, a menos que el contrato "se suscriba en el marco de estudios universitarios, certificados de profesionalidad de nivel 3 o ciclos formativos y cursos de especialización de formación profesional". En los contratos de prácticas, se especifica que se podrán suscribir con los poseedores "de un título universitario o de un título de grado medio o superior, especialista, master profesional o certificado del sistema de formación profesional".

Acuerdo lejano

En el encuentro de este viernes la mayor parte del tiempo se ha dedicado a examinar los contratos formativos, y sólo en la parte final se ha hablado de la nueva propuesta de erte del Gobierno, según fuentes de la negociación, que lamentan haber tenido poco tiempo para estudiar el nuevo documento del Gobierno (fue remitido a las partes el jueves por la noche). En sus tradicionales valoraciones al terminar la reunión, UGT se ha limitado a decir que "la negociación no avanza con la debida celeridad". CCOO, por su parte, asegura que "no comparte la última propuesta del gobierno en materia de contratación", que en materia de erte "ha habido un avance pero las causas no están definidas y las situaciones a proteger no son las idóneas", y concluye que "habrá que seguir negociando con el objetivo de buscar un acuerdo, que hoy por hoy no se vislumbra".