Las eléctricas prevén sortear también el otro gran recorte del Gobierno por el CO2

Las grandes eléctricas finalmente han sorteado los recortes millonarios que había diseñado el Gobierno para amortiguar el impacto indirecto en el recibo de luz de la subida del gas, que está empujando al alza el precio del mercado mayorista de la electricidad. Y ahora dan por hecho que también conseguirán sortear el otro recorte previsto por el Ejecutivo, y que se tramita en el Congreso, para que devuelvan ingresos extraordinarios que estarían recibiendo por la subida de los derechos de emisión de CO2.

El Congreso de los Diputados está tramitando el proyecto de ley impulsado por el Gobierno el pasado agosto para que las centrales nucleares, la mayoría de las hidroeléctricas y parte de los parques eólicos más antiguos devuelvan parte de los ingresos “caídos del cielo” que estarían percibiendo por el impacto que tiene la subida del precio de los derechos de emisión de CO2 en el encarecimiento de la electricidad, dado que esas tecnologías no emiten CO2 y no asumen ese coste.

Tanto Endesa como Iberdrola, las dos compañías más afectadas por ser los grandes operadores de nucleares e hidroeléctricas del país, prevén que este otro recorte tampoco se ejecutará con su formulación actual y que se aplicará el mismo criterio que les ha permitido librarse del golpe inicial del decreto de ajustes por la subida del gas, según confirman fuentes de ambos grupos energéticos.

Las grandes eléctricas sostienen que no están recibiendo esos ingresos extraordinarios por la subida del CO2 porque venden toda su producción con contratos a plazo y con precios estables muy inferiores a los que marca el mercado, y que pueden demostrarlo presentando información concreta sobre sus acuerdos de venta.

Ésta es la vía mediante las que se han salvado de los recortes millonarios por la subida del gas y confían en que en el trámite parlamentario se modifique el proyecto de ley del Gobierno para que se refleje explícitamente que quedan exentos de los recortes por el CO2 los contratos que no se materializan con los precios actuales de récord. Varios partidos políticos (PP, PNV y Vox) han propuesto durante la tramitación en el Congreso enmiendas al articulado original que permitirían en efecto evitar la devolución ingresos a los contratos bilaterales con precios estables.

Temporal vs. permanente

Entre una y otra norma, no obstante, hay una diferencia sustancial. Los reales decretos ley con los que se creó y posteriormente se matizó el sistema de minoración de los ingresos por la subida del gas tienen una vigencia de apenas seis meses, de mediados de septiembre hasta el próximo marzo. Las grandes eléctricas sostienen que los contratos de venta de electricidad firmados actualmente y que van más allá del límite de vigencia de la medida no internalizan la subida de la electricidad y que por eso no reciben esos ingresos.

Sin embargo, el mecanismo contemplado en el proyecto de ley para detraer a las eléctricas el denominado “dividendo de carbono” -los sobreingresos por los derechos de CO2- aspira a ser permanente. Por ello, si se modificara el proyecto de ley, los contratos de venta actuales suscritos por las eléctricas podrían efectivamente sortear los recortes al contemplar precios muy inferiores a los actuales del mercado.

Según subrayan fuentes políticas, las eléctricas podrían librarse de los recortes ahora, pero no pueden garantizar que sus futuros contratos de venta de electricidad de los próximos meses o próximos años de sus nucleares e hidroeléctricas no vayan a reflejar el alza de los precios del mercado si se mantienen altos o se repiten escaladas de subidas en el futuro. Por otro lado, fuentes parlamentarias recuerdan que aún deben debatirse las enmiendas de los grupos y advierten a las eléctricas de que dar por seguro que se modifique el proyecto del Gobierno es más que aventurado.

Además, el proyecto de ley del Ejecutivo recibió los dictámenes favorables de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado, que avalaron el sistema de minoración de ingresos para las instalación que no asumen costes por emisión de CO2.

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Para calcular la devolución de ingresos, el Gobierno determinó en el proyecto de ley una fórmula matemática que combina la producción eléctrica de las instalaciones afectadas y el precio del CO2 en el mercado de derechos de emisión europeo, fijando como baremo un precio de 20,67 euros por tonelada de CO2 (el valor medio del mercado desde que éste se reformó en 2017 hasta la actualidad).

Según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica, de acuerdo con dicha fórmula el importe total de la minoración de ingresos puede oscilar entre los 199 millones de euros anuales si la tonelada de CO2 se sitúa en 30 euros y los 1.691 millones si la cotización alcanzara los 100 euros por tonelada si se mantuviera la aplicación de los recortes a toda la producción. Desde septiembre, los derechos de emisión de CO2 se han situado de manera consistente en el entorno de los 60 euros y la media en lo que va de año es de 50 euros.